Ruz tomará declaración al extesorero del PP en Castilla-La Mancha por el contrato de basuras de Toledo

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta financiación ilegal del PP, ha citado para el próximo jueves en calidad de imputado a Lamberto García Pineda, extesorero del PP en Castilla-LaMancha, en relación con el contrato para la recogida de basuras en Toledo que según el extesorero Luis Bárcenas se otorgó a cambio de una donación al PP en dicha comunidad. 

La resolución se realiza tras haberse incorporado a las actuaciones el informe de la Información General de la Administración del Estado (IGAE) que concluye que el contrato que según Bárcenas otorgó en 2007 a la empresa Sufi a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros, se elevó en 11,3 millones de euros "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".

A la luz del informe de la IGAE, fechado el pasado 9 de junio, Ruz observa que en la fase de ejecución del contrato, el 21 de mayo de 2007, se produjo un preacuerdo entre Sufi y los trabajadores a raíz de un conflicto laboral en el que se introdujeron incrementos salariales, que fue suscrito en un protocolo con el vicealcalde y concejal de Hacienda, que en esas fechas era García Pineda.

Este acuerdo fue posteriormente ratificado por la Junta de Gobierno de Toledo el 23 de mayo de 2007, y la IGAE considera que se adoptó omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos, por lo que podría considerarse nulo de pleno derecho.

Con respecto a esta adjudicación, Ruz ya tomó declaración como imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, a quien Bárcenas dijo haber dado los 200.000 euros de Sufi y para demostrarlo entregó al juez los correspondientes recibís firmados por éste.

Cañas negó ante el juez haber recibido ese dinero y explicó que le firmó a Bárcenas unos recibís por esa cantidad porque el extesorero era su superior y le obligó a ello.

Comparecieron además el expresidente y presidente de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique, quienes negaron cualquier tipo de donativo al PP ni la supuesta comisión de 200.000 euros para conseguir la adjudicación a Sufi.

Con estas nuevas diligencias, el juez trata también de constatar "el grado de participación" que en estos hechos "hubiera podido tener persona o personas aforadas" y que de confirmarse supondría la remisión de esta parte de la instrucción al Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha.