Salomé Pradas y su número dos eluden las responsabilidades en la DANA y protegen a Mazón

Casi tres horas de declaración ante la jueza para echar balones fuera y, de paso, excusar a su jefe. Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior del Govern valenciano, ha admitido este viernes que no tenía experiencia en la gestión de Emergencias y responsabilizó de la gestión a otros técnicos presentes en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), como el exinspector de Bomberos del Consorcio, José Miguel Basset, así como a las administraciones locales y estatal.

Según la exconsellera, no esperó ninguna instrucción del president, Carlos Mazón, y siguió las indicaciones de los técnicos presentes en el Cecopi (el órgano que coordinaba la emergencia y que se constituyó a partir de las 17 horas en l'Eliana) para la emisión del mensaje Es-Alert. 

Salomé Pradas (quien desempeñó la funciones de consellera de Justicia e Interior desde julio de 2024 hasta el pasado 22 de noviembre, cuando fue destituida por Mazón) es uno de los únicos dos exaltos cargos imputados en la causa que investiga la gestión de una catástrofe que ha dejado 227 víctimas mortales. Sus declaraciones ante la jueza, entre lágrimas, fueron interrumpidas en varias ocasiones debido a su estado emocional.

La defensa de Pradas ha aportado al sumario de la causa un listado de llamadas efectuadas durante la jornada de la DANA, entre ellas al president, aunque no ha trascendido cuántas de ellas se dirigieron a Mazón y si fueron o no respondidas.

Tras descargar toda la responsabilidad de la gestión en técnicos y subordinados, así como en Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, porque según ella ejercía como codirectora del ente gestor de la emergencia, Pradas excluía a Mazón de cualquier decisión aquella jornada. O sea, salía en defensa de su entonces jefe.

Su número dos también elude las responsabilidades

El otro investigado, Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias y número dos de Pradas en aquel momento, responsabilizó durante su declaración al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya que según él indicó que "no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas".

Según consta en un informe oficial aportado a la causa, el 112 recibió ese día 19.821 llamadas y gestionó 4.770 incidentes en València.

Idéntica estrategia que la de Pradas: señalar a otros. Por ejemplo, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, e incluso al gabinete de prensa de Emergencias de la Generalitat (por no haber canalizado la información sobre lo que sucedía "fuera" aquella jornada)

Y, al igual que la exconsellera, apuntó al exinspector de Bomberos del Consorcio, José Miguel Basset, a quien acusó de "callarse" la información sobre la retirada de los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo.

Defensa también de Mazón: el president, según Argüeso, no fue convocado al Cecopi porque no forma parte de este organismo. Una vez que se produjo su llegada, añadió, no tardó en ponerse al día "ni tres minutos".

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En su opinión, hubo tres errores aquel 29 de octubre: la retirada de los bomberos forestales (admitida recientemente por Basset y justificada en que observaron un descenso del caudal), la información sobre los caudales facilitada por la CHJ, que según ha insistido no llegó al Cecopi, y la presencia de forma telemática de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, informa EFE.

Gritos de los afectados: "¡Asesinos!"

Antes de entrar en la Ciudad de la Justicia de València, donde tienen lugar las declaraciones, familiares y damnificados de la DANA llamaron "asesinos" a los imputados y exigieron la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su responsabilidad en la tragedia.

Los manifestantes han exhibido varias pancartas y una imagen de gran tamaño de Mazón con las manos ensagrentadas, han coreado lemas como "Mazón dimisión" y han pedido a los dos ex altos cargos que fuesen honestos y dijesen "la verdad". 

Si bien a la entrada de los investigados hubo protestas y una gran expectación mediática, a la salida de la Ciutat de la Justícia ambos evitaron a la prensa al esfumarse por puertas secundarias del edificio, donde el lunes declararán en calidad de testigos la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.