La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dictado la apertura de juicio oral a la cantante Shakira por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda. La Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. 

En un auto, al que ha tenido acceso Público, la jueza Ana Duro Palencia ha resuelto la apertura del juicio oral a la cantante colombiana por seis presuntos delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014, como solicita el Ministerio Fiscal, "con las agravantes de cuantía de la defraudación y utilización de personas jurídicas interpuestas". La jueza no impone ninguna medida cautelar a la cantante.

Los tributos que supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) —12.371.197 euros— y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) —2.191.771—, sumando entre los dos 14.562.968 euros. Según el fiscal, la colombiana dejó de tributar las cuantías a pesar de que residía en España "de manera habitual" y, por lo tanto, estaba obligada a hacerlo. 

Según la Fiscalía, la cantante simuló que su residencia fiscal no estaba en territorio español y para ello se valió de "personas jurídicas interpuestas". Es decir, presuntamente utilizó un entramado societario, que ya poseía antes de los ejercicios tributarios 2012, 2013 y 2014. 

Según el escrito de la Fiscalía, la quincena de sociedades de Shakira tenían sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. El "plan", según el fiscal, consistía en que sus empresas figuraban formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba "en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales" a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Por su parte, la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Hacienda, acusa a Shakira de tres delitos fiscales; en concreto por la defraudación en el impuesto de la Renta de los citados ejercicios fiscales. 

La representación de la Agència Tributària de Catalunya, por su parte, solicita que se juzgue a Shakira por el impago del impuesto de patrimonio, que supuso para las arcas públicas catalanas un perjuicio de 2,19 millones.

No obstante, la Fiscalía tiene en cuenta la atenuante de reparación del daño porque la artista colombiana ya ha pagado los impuestos que no tributó en su momento para reducirle la pena. En 2018 pagó los 17,2 millones que se le reclamaba.