La Fiscalía de Barcelona ha pedido condenar a la cantante Shakira a ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones por fraude fiscal. A la artista se le acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. 

El escrito de acusación, presentado por el Ministerio Público ante el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), tiene en cuenta la atenuante de reparación del daño porque la artista colombiana ya ha pagado los impuestos que no tributó en su momento para reducirle la pena.

El texto se conoce después de que la cantante rechazara el pasado miércoles la última oferta que le hizo la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitara el juicio. Sin embargo, Shakira todavía puede pactar con las acusaciones, que incluyen también a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana, hasta el momento de sentarse en el banquillo. 

Se prevé que en el juicio de la cantante participen unos 40 testigos. Ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes por lo que, en caso de una eventual condena, Shakira podría  evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.

Los tributos que supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) —12.371.197 euros— y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) —2.191.771—, sumando entre los dos 14.562.968 euros. Según el fiscal, la colombiana dejó de tributar las cuantías a pesar de que residía en España "de manera habitual" y, por lo tanto, estaba obligada a hacerlo. 

Un entramado societario para ocultar rentas

El fiscal considera que Shakira se valió de "un entramado societario que, si bien había sido creado años atrás, no lo modificó en sus líneas esenciales y se sirvió de él en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, para ocultar" sus rentas a la Agencia Estatal Tributaria y a la Agència Tributària de Catalunya y evitar pagar el IRPF y el IP en España.

Estas sociedades (hasta una quincena) tenían sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. El "plan", ha explicado el fiscal, consistía en que sus empresas figuraban formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba "en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales" a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

"Todas estas sociedades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos", ha añadido el Ministerio Público, que cree que el único fin del entramado era "ocultar a la Hacienda pública las rentas y el patrimonio de la acusada".