Los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F han convocado este jueves movilizaciones en las puertas de los ayuntamientos de las principales capitales de provincia de toda España a las 12.00 horas para defender los servicios públicos municipales y pedir al Gobierno que retire el proyecto de ley de reforma de la Administración Local. Los tres sindicatos consideran que la reforma, que en estos momentos está siendo tramitada por el Senado tras ser aprobada en el Congreso, supone un ataque a la autonomía municipal y amenaza la supervivencia de los servicios públicos que actualmente prestan los ayuntamientos.

Para hacer visible su rechazo a la futura norma, los asistentes llevarán a cabo una suelta de globos de color negro para simbolizar "el luto por la desaparición de la autonomía de las administraciones locales", tal y como ha explicado el secretario de Sector de Administración Local de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Ignacio Herrero. "Es una ley muy importante que va a afectar a muchos servicios y que están aprobando a escondidas. Después de la ley los alcaldes van a quedar sólo para sacar a la virgen en procesión. Parece ser que es lo único que les va a dejar Montoro que hagan", ha advertido.

CCOO avisa en un comunicado de que la aprobación de la reforma "supone que servicios tan fundamentales para la ciudadanía como la educación infantil, la de adultos, los servicios sociales o la defensa de los consumidores y usuarios dejarán de prestarse en muchos municipios agravando, aún más, la situación de las muchas familias que hacen uso de los mismo". Asimismo, denuncia que la reforma implica además "la destrucción de multitud de puestos de trabajo en la Administración Local". "Se calculan alrededor de 200.000 empleos en toda España que, sumados a los más de 100.000 empleos destruidos en este ámbito en los dos últimos años sitúa a esta administración como la más afectada por la destrucción de empleo público", señalan.

Para CSI-F, la reforma, que ha elaborado el Gobierno, "a espaldas de los ciudadanos y de los empleados públicos", afectará directamente sobre la calidad de los servicios básicos y las condiciones laborales de unos 550.000 trabajadores y comprometerá "seriamente" la estabilidad laboral de al menos 120.000 empleados. Por ello, CSI-F reclama en su comunicado "la convocatoria urgente de las mesas de negociación para establecer garantías para la estabilidad de los empleados públicos, la calidad y el carácter público de los servicios que reciben los ciudadanos, en el desarrollo de la norma".