SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID).— La primera sesión de cuestiones previas al juicio del caso Gürtel (primera época) ha estado marcada este martes por la sospecha de la existencia de al menos tres 'arrepentidos' entre los 37 acusados, el silencio del líder de la trama, Francisco Correa, y una batería de peticiones de nulidad que serán resueltas en la sentencia.

Pero también planeó sobre la sala la sombra de Mariano Rajoy, de quien dos acusaciones piden que declare como testigo para que detalle el daño causado al PP al desviar su dinero negro a cuentas en Suiza. No lo piden "en función de lo que hoy es, sino de lo que fue", incidió José Mariano Benítez de Lugo, abogado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), quien defiende tomar testimonio a Rajoy porque fue vicesecretario del PP entre 1999 y 2003. En pleno esplendor de la trama con las campañas que organizaba para los populares. A esta petición se ha sumado la acusación de los socialistas madrileños.

El tribunal que preside Ángel Hurtado es muy garantista, por lo que ya aceptó las comparecencias —antes negada— de los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, así como de Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. Por ello, Benítez de Lugo remachó: la situación es “kafkiana” ya que el PP ha sufrido un perjuicio y uno de sus máximos responsables orgánicos no presta declaración para explicar el daño.

Más sombras han planeado en esta primera sesión de cuestiones previas. Una de ellas es la sospecha de posibles ‘arrepentidos’ en la sala, entre los 37 procesados. El abogado defensor de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz Infante, fue certero: si la Fiscalía ha llegado a acuerdos de conformidad con varios ‘arrepentidos’, tienen derecho a conocer previamente sus confesiones para preparar la defensa.

Bárcenas lleva la cuenta y le salen al menos tres ‘arrepentidos’

Bárcenas lleva personalmente la cuenta y le salen al menos tres ‘arrepentidos’: el exsocio del yerno de Aznar, Jacobo Gordon, para quien la fiscalía pide dos años; el empresario Alfonso García Pozuelo, ex propietario de la Constructora Hispánica y sobre el que pesan peticiones superiores a 4 años de prisión, así como Roberto Fernández, ex concejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que afronta penas superiores a dos años de cárcel.

La sospecha reside en que la Fiscalía ha pedido cambiar el orden de las declaraciones para que estas tres personas sean las primeras en comparecer ante el tribunal. De ahí que Bárcenas intuya que existe un pacto previo con la Fiscalía.

Pero podría haber más. Es significativo el silencio de los Correa. El líder de la trama lleva ya tres gestos dirigidos a la Fiscalía con la intención de pactar una confesión a cambio de reducir penas, planes reconocidos por su propio defensor quien niega que haya acuerdo todavía.

Por ello, Correa no ha planteado ninguna cuestión de nulidad del juicio, al igual que la defensa de su exesposa, María del Carmen Rodríguez Quijano.

Más sombras. La famosa documentación sobre las cuentas en Suiza de Bárcenas y otros miembros de la trama. La Fiscalía repartió este martes un CD, abogado por abogado, donde constan dichas pruebas y ha explicado, exultante, que en poco tiempo podrán utilizarlas en el juicio.

Pero el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán, se había adelantado a la jugada y entregó al tribunal una carta de la Oficina Federal de Suiza en la que le aclaran que aún no han tomado una decisión sobre estos documentos. Es una carta recibida el 29 de septiembre en contestación a una suya fechada dos días antes.

Hasta el denunciante Peñas pide la nulidad: en 2009 entró a testificar de forma voluntaria ante el juez Pedreira y dice que salió imputado sin que le leyeran sus derechos

Joaquín Ruiz de Infante, abogado de Bárcenas, fue a degüello contra la Fiscalía: la ley suiza deja en suspenso toda autorización para usar esta documentación hasta que no se toma una decisión definitiva al respecto, y la Fiscalía no recurrió el auto de transformación en el que se delimita el terreno de batalla de este juicio de la primera época de Gürtel. Auto donde no consta esta documentación. Por ello, no puede ser utilizada en el juicio.

Todas las defensas, excepto las de los Correa y el exsocio de Agag, expusieron numerosas causas de nulidad del juicio de la primera época de la trama, que arrancará el 10 de octubre. Desde las mismas grabaciones, origen del caso judicial, a la violación de derechos fundamentales.

La petición de nulidad más sorpresiva fue la del propio denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, exconcejal de Majadahonda (Madrid), cuyas grabaciones con Francisco Correa dieron lugar a este escándalo. Realizadas entre 2005 y 2007, en ellas constan los amaños y sobornos a altos cargos del PP a cambio de contratos públicos y la organización de actos con precios inflados. Incluso pruebas de que la trama sufragó en 2002 buena parte de la boda entre Ana Aznar, la hija de José María Aznar, y Alejandro Agag. Hasta el traje.

Su abogado, Ángel Galindo, reveló que en su primera declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no le hicieron una lectura de sus derechos constitucionales; es más compareció de manera voluntaria y en el vídeo puede comprobarse cómo el instructor, el fallecido juez Antonio Pedreira, le anuncia de viva voz que ha quedado imputado.

El abogado de Peñas intentó guardar la ropa a la vez: pedir la nulidad de las grabaciones no significa que Peñas rompa su “espíritu de colaboración” para denunciar la trama. Sólo aspira a que pase de acusado —la Fiscalía pide para él casi seis años y medio de cárcel— a testigo y que la “verdad material” salga a relucir. En varias ocasiones insistió en que el tribunal podía visionar dicha grabación, de mayo de 2009, para comprobar cómo se anuncia a Peñas que ha sido imputado. Figura en el sumario.

Uno de los momentos tensos se produjo cuando el abogado de Crespo volvió a intentar desprestigiar a uno de los magistrados del tribunal, José Ricardo de Prada, cuya recusación planteó hace escasos días y fue rechazada de plano por la Audiencia Nacional. Miguel Durán aludió a esta recusación, lo que fue zanjado drásticamente por el presidente tribunal, Ángel Hurtado: ”No le permito que siga hablando".

Javier Gómez de Liaño, exjuez y abogado de Ricardo Galeote, retomó esta polémica en su turno posterior: la falta de imparcialidad de un juez es causa de nulidad de un juicio. Y en tono duro anunció que recurrirá esta decisión de Hurtado ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El presidente del tribunal le dejó terminar la avalancha de advertencias.