Estas son las críticas a la gestión del agua en Doñana que la Cámara de Cuentas andaluza guardó bajo llave

El informe sobre el uso del agua en Doñana que la mayoría de consejeros, nombrados a propuesta de PP y Vox, de la Cámara de Cuentas de Andalucía decidió tumbar en un Pleno reciente recogía "incumplimientos" en la aplicación de los planes de la Junta de Andalucía en la zona, tanto en los años de Gobierno del PSOE como en los del PP, según recoge el voto particular del consejero Daniel Albarracín, nombrado a propuesta de Adelante Andalucía.

Así, el trabajo detectaba "un manifiesto desinterés" en la aplicación de los planes autonómicos "al no haber constituido debidamente las comisiones de seguimiento, al no haber realizado una planificación operativa adecuada ni un seguimiento suficiente, al no haber realizado las tareas adecuadas de coordinación, y al no haber impulsado las inversiones y acciones a ejecutar previstas".

Y añadía que como "consecuencia de los incumplimientos y los déficits de seguimiento, y el bajo nivel de actuaciones, y determinados usos del agua", se ha producido "un empeoramiento en la cantidad y calidad de las aguas del Espacio Natural de Doñana".

El trabajo, titulado oficialmente Informe de fiscalización de cumplimiento y operativa de los planes y programas del Espacio Natural de Doñana y su entorno: especial análisis de la evolución de la ordenación de regadíos y el impacto en los recursos hídricos fue rechazado, después de que se votara por la mayoría de consejeros nombrados a propuesta de PP y Vox. Los dos consejeros propuestos por el PSOE votaron a favor de la aprobación del trabajo.

El voto particular está también en buena parte dedicado a desmontar las críticas en las que se apoyó una mayoría de consejeros para acabar con el trabajo y guardarlo bajo llave y recoge afirmaciones de grueso calibre. El consejero Albarracín concluye que "el problema no eran las supuestas objeciones técnicas, sino la naturaleza y objeto del informe en sí, y su inconveniencia política".

El rechazo, recoge el voto particular, inaugura "un camino insólito en la historia de la institución: no constan antecedentes […] de paralización de un informe en una fase tan avanzada a resultas de una votación en Pleno, sin que se aporten argumentos sólidos y fundados".

Este trabajo llegó a Pleno después de que hubiera sufrido diversas modificaciones debido a las objeciones en contra y su entrada fue forzada por tres consejeros.

El estudio, de haberse aprobado, hubiera llegado en efecto en un momento incómodo para el Gobierno andaluz. El PP, de la mano de Vox, está inmerso en la próxima aprobación de una ley que permite la ampliación de los suelos regables en el entorno de Doñana. Esta es una norma que ha generado severas críticas de las instituciones europeas porque va en la dirección contraria a sus directrices y a las recomendaciones de los expertos científicos.

Debate intenso

De la lectura del voto particular se extrae la conclusión de que el debate al respecto de este informe fue intenso. Entre las principales objeciones expuestas por la mayoría de consejeros estaban que a la Cámara no le corresponde hacer auditorías ambientales y que, además, la información para elaborar el trabajo no era fiable.

Así se expuso, según recoge el texto, que el problema del informe radicaba en la definición del ámbito objetivo, esto es que a la Cámara de Cuentas no le correspondía "hacer auditorías ambientales", también que el informe era "propio de una investigación científica, y no de una auditoría", que "se concluye que no se puede concluir" y que "en el informe no se ha desarrollado un análisis de fondos públicos, en términos financieros y monetarios".

Ante esto, el voto particular expone el reglamento del organismo que fiscaliza a la Junta de Andalucía, que afirma en el art. 4.2. "La Cámara de Cuentas prestará especial atención a la evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de protección del medio ambiente en el desarrollo de la actividad pública".

El consejero asegura también que "la dificultad de esta fiscalización ha sido la desigual colaboración de los órganos gestores, y la limitada aportación de información". "Quizá –agrega–, la única falla del informe consiste en no haber afirmado con contundencia que no hubo la mejor colaboración posible y que esto tendría que traducirse en una limitación al alcance, algo que la mayoría del pleno rechazó, porque así se contemplaba en sus primeras versiones, porque serían otros los incumplimientos adicionales".

A pesar de esto, añade el voto particular, "se ha realizado un informe que ha abordado las dimensiones de eficacia, impacto y cumplimiento de legalidad. La ausencia de otros capítulos, como el financiero, y, por consiguiente, los de economía y eficiencia, solo son achacables a la falta de aportación de información presupuestaria por parte de los auditados".

Y remacha: "Con los elementos disponibles se ha podido alcanzar opiniones relativas a importantes incumplimientos de los planes que los agentes públicos habían previsto, y se han alcanzado relevantes conclusiones sobre la eficacia en la gestión, con el objeto de contribuir, con recomendaciones, a la mejora en la gestión pública".