El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la pena de seis años de prisión para el expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán, y de nueve años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso ERE.

Han pasado ya trece años desde que el Partido Popular denunció un supuesto cobro de comisiones a empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla. 

Este caso afectó a una década de la gestión del Gobierno andaluz con el PSOE al frente y acabó repercutiendo sobre las elecciones autonómicas de 2012 en las que el PSOE por primera vez no obtuvo la mayoría absoluta.

Tras la denuncia del Partido Popular, la jueza Mercedes Ayala, instructora del caso, pidió a la Junta de Andalucía las actas de todas las reuniones de su Consejo de Gobierno. En julio de 2009, el Tribunal de Cuentas del Estado inició la auditoría sobre los ERE tras una denuncia del PP.

Fue Juan Ignacio Zoido, entonces representante del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ,quien denunció al alcalde socialista de esa ciudad, Alfredo Sánchez Monteserín y a Antonio Rodrigo Torrijos. La instrucción de este largo y enrevesado caso comenzó bajo la instrucción de la jueza Ayala a quién la sustituyó Núñez Bolaños, y a lo largo de estos últimos 13 años ha sufrido diversos giros de guion, hasta la resolución por parte del Tribunal Supremos este pasado martes.

Alaya contra Griñán y Chaves

El primer movimiento de Ayala después de 14 meses de investigación, fue ordenar el ingreso en prisión de Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta.

En septiembre de 2011 la jueza inició el proceso de imputación contra los históricos dirigentes socialistas y expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros altos cargos. En diciembre de ese mismo año pidió la certificación del aforamiento de Griñán y Chaves, lo que acabó en una preimputación.

Anticorrupción solicitó a la jueza Alaya abrir una pieza separada y remitir al Supremo la causa contra Chaves y Griñán. En abril de 2014 la Dirección General de Seguros detectó sobrecomisiones por un valor superior a los 66 millones de euros en los ERE financiados por la Junta. En noviembre de ese mismo año, el Tribunal Supremo decidió investigar la presunta implicación de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán en el caso de los ERE junto a los tres exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos ellos aforados.

Durante la investigación, la jueza elevó el número de imputados a 265 personas convirtiendo este en una macrocausa.

En abril de 2015, Mercedes Alaya fue sustituida por María Núñez Bolaños. Quien fraccionó el caso en tres piezas clave: una sobre el diseño del procedimiento de las subvenciones, otra sobre las sobrecomisiones y una tercera sobre cada ayuda sociolaboral o directa concedida a empresas, que supondrá abrir otras 200 piezas, una por cada ERE.

Núñez Bolaños abrió dos causas separadas para los expresidentes Chaves y Griñán después de inculparles por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos.

El juez Álvaro Martín, apoyo de la jueza Bolaños, concluyó la primera pieza separada del caso de los ERE: la pieza política. Esta declaró que el procesamiento de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán por prevaricación administrativa, y al segundo también por malversación, junto a una veintena de altos cargos de sus respectivos gobiernos.

El juicio de la pieza política del caso de los ERE finaliza en 2019. La Audiencia de Sevilla sentenció de un total de 68 años de cárcel y 255 años de inhabilitación para 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta juzgados, absolviendo solo a dos.

Susana Díaz en la cuerda floja

La entrada del exconsejero Antonio Fernández a prisión por este caso tan solo dos semanas antes de las elecciones a la Junta de Andalucía de 2012 condicionó el debate político, cuyo tema principal fue el caso ERE.

Esto se vio reflejado en las urnas cuando el Partido Popular obtuvo 50 escaños, a tan solo cinco de obtener la mayoría absoluta y poder gobernar. Fue la coalición PSOE-IU lo que frenó al PP y le ofreció el mandato a Susana Díaz.

Sin embargo, este resultado fue una clara derrota para los socialistas al perder esa mayoría absoluta que obtuvieron en las anteriores elecciones.

Finalmente, este martes el Tribunal Supremo confirmó la condena de seis años de prisión para Griñán por los delitos de malversación y prevaricación. Además, confirma los nueve años de inhabilitación para Chaves por este último delito.