La decisión del Gobierno de suspender el permiso de residencia de la activista saharaui Aminetu Haidar ha levantado el malestar de Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo y firme defensor de la causa por la liberación del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

El diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago, integrado en la formación que lidera Yolanda Díaz, y la diputada saharahui Tesh Sidi, por la formación Más Madrid, han registrado varias preguntas por escrito al Gobierno en las que se interesan por las razones que han llevado al Ejecutivo a no renovar el permiso de residencia por razones humanitarias del que disfrutaba Haidar desde hace 16 años.

El Ejecutivo tan solo ha alegado que la reconocida activista no cumple los requisitos para la renovación del permiso, mientras que la abogada de Haidar denuncia que se trata de una "decisión política". El cambio de postura llega después de que Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI, pusieran fin a la crisis diplomática que generó la acogida en secreto en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en una delicado estado de salud debido al coronavirus.

Para contentar a Marruecos, España cambió su postura sobre el conflicto saharaui y apoyó la propuesta marroquí, que insiste en mantener su soberanía sobre la excolonia española, para la que reservaría cierta autonomía. Haidar criticó con dureza este giro histórico del Gobierno de Sánchez, contrario a las resoluciones de la ONU, que defienden la celebración de un referéndum de autodeterminación para culminar la descolonización del Sáhara.

"Desprotección"

Santiago y Sidi preguntan al Gobierno a qué se debe la decisión de no acoger a Haidar cuando su situación no ha variado en los últimos 16 años. El diputado recuerda que la activista ha sufrido "duras represalias por la fuerza ocupante" del territorio y que el rechazo de su permiso de residencia genera una situación de desprotección para la mujer, que también sufre problemas de salud.

Haidar protagonizó una sonada huelga de hambre en 2007, cuando solicitó por primera vez la residencia temporal en España por motivos humanitarios y de salud. Marruecos le había denegado la entrada al territorio del Sáhara Occidental y fue devuelta, sin pasaporte, en avión al aeropuerto de Lanzarote.

Previamente, la activista había sufrido detenciones arbitrarias, torturas y una desaparición forzada cuando tenía 20 años. Su lucha ha sido reconocida con diferentes premios y ha mantenido visible la batalla del pueblo saharaui contra la ocupación marroquí, cada vez más normalizada por la comunidad internacional.

En sus preguntas el Gobierno, los diputados de Sumar también hacen hincapié en las "denegaciones sistemáticas" de visados y de concesiones de nacionalidad a la población saharaui que conserva DNI español de la época en la que el Sáhara Occidental fue la provincia 53 de España.