Sumar pide concretar en el nuevo modelo de financiación límites al 'dumping' fiscal
El titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha celebrado que el nuevo modelo corrija "la infrafinanciación crónica de la Generalitat", beneficiando a la vez al resto de comunidades.

Madrid--Actualizado a
El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha propuesto que el futuro modelo de financiación autonómica, presentado este viernes por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, establezca unos límites claros al dumping fiscal. En concreto, "un suelo fiscal" que combata esta práctica mediante "condiciones a los impuestos que graban la riqueza".
En declaraciones a los medios de comunicación desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona, el ministro ha advertido de los peligros de volcar 21.000 millones de euros más al sistema de financiación autonómica y que, sin embargo, esos recursos se acaben utilizando para eliminar impuestos a los más ricos. Señalando a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid o Andalucía, a las que el portavoz ha acusado de promover las rebajas impositivas a las rentas más altas.
Urtasun ha aprovechado la ocasión para valorar positivamente el fondo del nuevo modelo, recordando que al actual lleva caducado más de 14 años. También ha celebrado el pacto alcanzado este jueves entre el presidente del Gobierno y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Un acuerdo que, en palabras del portavoz, corrige la infrafinanciación crónica de la Generalitat, beneficiando al mismo tiempo al resto de comunidades autónomas. "Gana todo el mundo", ha asegurado el ministro, con una inyección de recursos sin precedentes destinada a reforzar los servicios públicos.
IU rechaza el principio de ordinalidad como eje para repartir los fondos
El coordinador federal de IU y candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha valorado como "una buena noticia" la intención del Gobierno de aprobar un nuevo sistema de financiación. El actual, ha recordado el político andaluz, "viene de 2009" y, por tanto, "está caducado". Además, ha insistido, "no ha resuelto los grandes desafíos en la financiación de los servicios públicos de los distintos territorios". El nuevo, en cambio, sanciona "un sustancial aumento de ingresos y de traspaso a las comunidades" que permitiría garantizar "unos mínimos niveles de atención en sanidad, educación o dependencia".
No por ello ha dejado de mostrar su rechazo al principio de ordinalidad como eje rector del reparto de fondos entre comunidades. "No podemos premiar que, por tener mayor capacidad tributaria y más ricos, una comunidad se pueda ver beneficiada con más financiación", ha criticado el coordinador. Para combatirlo, desde IU van a exigir que se consolide un fondo de compensación más elevado que garantice los ajustes necesarios. Todo ello a través de "un acuerdo multilateral, de carácter federal y profundamente solidario".
Compromís exige poner fin a la discriminación entre territorios
Compromís ve con buenos ojos el incremento general de los recursos contemplado en el nuevo sistema de financiación autonómica, que no les parece, sin embargo, "suficiente" para corregir la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Para los de Baldoví, hace falta modificar algunos elementos estructurales del sistema, que estarían por detrás de la desigualdad generada entre territorios. En este sentido, quedan a la espera de analizar "la letra pequeña" del nuevo modelo. Especialmente la aplicación del concepto de población ajustada, que hasta ahora —denuncian— ha provocado una discriminación muy importante para los valencianos y las valencianas.
Desde Compromís alertan de que sigue existiendo una diferencia demasiada elevada entre la comunidad mejory la peor financiada. Una diferencia que puede llegar hasta los 700 euros por habitante. "El nuevo modelo acorta la distancia entre los mejores y peores financiados, pero no hay que acortarla, es necesario eliminarla", ha explicado la diputada de la formación valencianista en el Congreso, Águeda Micó. Exigiendo también que se resuelva, de una vez por todas, la deuda valenciana de más de 46.000 millones de euros.
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