Una derrota parlamentaria, algunas declaraciones cruzadas y todo un cambio de rumbo. El Ministerio de Hacienda ha decidido este lunes suspender la regla de gasto de la ley Montoro (ley de Estabilidad Presupuestaria), de momento, para el año 2020, para que los Ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019. 

Además, Hacienda ha anunciado que presentará "en las próximas semanas" un nuevo real decreto con medidas sobre esta materia, después de que desde el Ejecutivo y el PSOE amagaran con incluir estas iniciativas dentro de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, y no en un nuevo real decreto.

El Ministerio autoenmienda así sus posiciones en varias materias, también en lo que respecta a los remanentes de tesorería, ya que en el nuevo decreto tampoco adoptará medidas relacionadas con estos ahorros de los ayuntamientos, "al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso".

Así lo ha explicado el Ministerio que dirige María Jesús Montero en una nota de prensa remitida este lunes, escasas horas antes de que los ayuntamientos vuelvan a reunirse para buscar soluciones para acceder a estos fondos. 

Según el comunicado, el impacto de esta nueva norma será de más de 3.000 millones de euros, e incluirá "las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso".

Entre otras, Hacienda menciona las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local -casi 1.500 millones-, prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para costear inversiones financieramente sostenibles -987 millones de impacto-, y plantea ofrecer "mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas".

En concreto, afirma que las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social "con recursos del Fondo de Ordenación", y que los ayuntamientos podrán cancelar sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores "acudiendo a préstamos con entidades de crédito." Y, para las corporaciones con problemas de solvencia, "se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería".

El Gobierno ha decidido adoptar estas medidas después de que el Congreso de los Diputados tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para desbloquear el acceso a parte de estos remanentes, a cambio de la cesión al Estado de parte de los fondos de las corporaciones locales durante un periodo de dos años. El PSOE y Unidas Podemos se quedaron solos votando a favor de este real decreto. 

Formaciones de diversos colores políticos con representación en la FEMP habían reclamado a Hacienda que suspendiese la regla de gasto, entre ellas la propia Unidas Podemos. Hasta hoy, Hacienda rechazaba buena parte de estas medidas.