La decisión del juez del Tribunal Supremo de ampliar su investigación por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación a Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel y a otras tres personas más conlleva que la causa afecte ya a 28 presuntos responsables del procés independentista.

El juez ha decidido ampliar la investigación a estas tres personas, a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá; a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Es decir, seis nuevos investigados que formaban parte del denominado comité estratégico encargado de desarrollar la hoja de ruta del procés soberanista y que se suman a los 22 que ya estaban siendo investigados por Llarena.

De ellos, cinco están fuera de España: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los exconsellers Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig. Todos ellos fueron elegidos ayer para ser diputados en el Parlament catalán.

Otros cuatro están en prisión: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el exconseller Joaquim Forn y los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En libertad bajo fianza se encuentran los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borras. Todos menos esta última fueron elegidos en las elecciones de ayer.

El exconseller Santi Vila, que dimitió antes de la aprobación de la declaración de independencia, también está en la causa y en libertad bajo fianza.

Asimismo, Llarena investiga a seis miembros de la antigua Mesa del Parlament: la presidenta, Carme Forcadell, Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (todos ellos en libertad bajo fianza) y Joan Josep Nuet, en libertad sin medidas cautelares.

No son los únicos implicados en el procés que afrontan posibles responsabilidades penales, pues la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela instruye la causa contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana.

La Fiscalía ha pedido este viernes mismo que el Tribunal Supremo incluya en la causa a Trapero y a Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras y a quien la Guardia Civil intervino el documento Enfocats sobre la hoja de ruta independentista y una agenda con el contenido de las reuniones mantenidas para llevarla a cabo.

De momento, Jové está siendo investigado en el juzgado número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O al igual que otras 16 personas. La Fiscalía quiere que el Supremo pida al juzgado las actuaciones.

También propone que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) remita al Supremo sus actuaciones que afectan a los responsables de las entidades municipalistas por la independencia, Miquel Buch y Neus Lloveras, ésta última investigada desde hoy por el magistrado Pablo Llarena.