Pilar de LaraEl Supremo mantiene la suspensión a la jueza Pilar de Lara

El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar de la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a la juez Pilar de Lara por una falta muy grave de desatención de las competencias judiciales. Esto se debe a una hipotética sentencia favorable no impide a que vuelva al juzgado en el que hasta ahora ha desempeñado sus funciones.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo presentó un recurso contra la sanción impuesta por el órgano de gobierno de los jueces por las dilaciones indebidas en la tramitación de casos de corrupción como la Carioca, sobre redes de prostitución; el Garañón, sobre urbanismo; o la Pokémon y la Pulpo, sobre posible corrupción política. En este escrito solicitó la paralización de su ejecución, ya que ésta acarrea la pérdida de destino y con ello graves prejuicios personales.

De Lara sigue ejerciendo en el juzgado lucense mientras el alto tribunal resuelve si debe paralizar la sanción

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que rechaza la medida cautelar solicitada, mientras se resuelve el fondo del asunto, al entender que en caso de que el tribunal resuelva en su favor nada impide a que se le restituya en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones. "No hay por tanto pérdida de finalidad del recursos ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales", explica la resolución.

De Lara, que ha acudido al Supremo una vez se agotó la vía administrativa, ha continuado ejerciendo en el juzgado lucense mientras el alto tribunal resuelve si debe paralizar la ejecución de la sanción durante el estudio de su recurso o no. Al no aceptar esta medida, la magistrada deberá dejar sus funciones hasta conocer la sentencia.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces acordó el pasado 26 de septiembre por unanimidad confirmar la sanción impuesta por la comisión disciplinaria del CGPJ. Durante la instrucción, la magistrada declaró en noviembre de 2018 ante el promotor de la acción disciplinaria, donde sostuvo que "no existen las dilaciones" y aportó numerosa documentación.