El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que imponía el 25% de castellano en las escuelas catalanas y que supone la ruptura de la inmersión lingüística en catalán que se aplica en la educación obligatoria.

En una comparecencia de urgencia, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, lo ha calificado de "grave ataque" al modelo de inmersión lingüística y ha pedido a los docentes que no modifiquen nada: "Deben seguir trabajando como hasta ahora".

González-Cambray ha hecho una rueda de prensa con la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, con motivo de la inadmisión a trámite del recurso de casación que la Generalitat interpuso en la sentencia del TSJC, en diciembre de 2020. "Es un grave ataque en los fundamentos del modelo de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado de la realidad sociolingüística de los centros educativos", ha dicho el conseller.

Sin embargo, no está claro qué implicación tendrá ya que esta sentencia se emitió en base a la Ley Wert, modificada por la nueva ley de Educación, la LOMLOE o Ley Celáa. Según ha dicho González-Cambray, este martes ha podido hablar con la ministra, Pilar Alegría, que le ha asegurado que "darán cumplimiento" a la nueva ley. La Ley Celáa habla de garantizar el aprendizaje de ambos idiomas pero sin entrar en porcentajes, como sí hacía la anterior. El conseller de Educación en el momento de la sentencia del TSJC, Josep Bargalló, ya dijo que en cuanto entrara en vigor la modificación legislativa la resolución quedaría "sin efecto". 

"La inmersión lingüística cuenta con un amplísimo consenso social y está apoyada por una amplia mayoría parlamentaria", ha afirmado González-Cambray. El conseller ha reivindicado el catalán como herramienta para la cohesión social y ha recordado que todos los alumnos terminan la educación obligatoria con conocimientos similares de ambas lenguas. "Es un modelo que goza de un apoyo explícito más allá de las instituciones catalanas", ha añadido el conseller, en referencia a informes emitidos por el Consejo de Europa.

González-Cambray ha hablado de "la ausencia de un conflicto real" y ha negado que se trate de un "conflicto lingüístico" porque desde 2005 tan sólo 80 familias han pedido la escolarización en castellano para sus hijos. "Que sea un juez quien determine de forma arbitraria las horas necesarias para aprender una lengua es una anomalía y un desprecio" ha dicho.

Por su parte, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha afirmado que el catalán en las escuelas "es una prioridad" del Govern plasmada en el impulso del Pacte Nacional per la Llengua, dentro del cual hace pocas semanas se anunció un plan para la promoción del catalán en las escuelas. "Estamos preocupados por el uso social del catalán en los centros educativos", ha concluido González-Cambray.