Laberinto judicial del 'procés'Suspenden el juicio a la Mesa del Parlament por el 'procés' para estudiar su envío al Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido el juicio a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de Carme Forcadell una vez el acusado Joan Josep Nuet ha sido reelegido diputado de ERC en el Congreso, para estudiar si envía la causa al Tribunal Supremo.

En una providencia, la sala civil y penal del TSJC suspende el juicio por desobediencia a los compañeros de Forcadell, fijado para los días 28 y 29 de noviembre y 3 y 4 de diciembre, ya que considera "materialmente imposible" resolver con antelación la cuestión de competencia planteada a raíz de la elección de Nuet como diputado en el Congreso, lo que le convierte en aforado ante el Supremo.

La Sala pregunta a las partes si existe una conexidad entre la conducta de Nuet y la del resto de acusados "que impida escindir el conocimiento de la causa sin afectar a su continencia"

La sala da cinco días a las partes para que expongan sus argumentos sobre la competencia del TSJC tras las elección de Nuet, por si entienden que la existencia de una "conexidad" entre la conducta del entonces secretario tercero de la Mesa y los demás acusados impide separar la causa en dos procedimientos distintos.

El TSJC tenía previsto juzgar a partir de la próxima semana a los exmiembros soberanistas de la Mesa Lluís Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (CSQP, ahora en ERC), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para quienes la Fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave.

El TSJC citó el juicio cuando Nuet -que había sido elegido diputado de ERC en el Congreso en las generales de abril pasado- perdió su condición al disolverse las Cortes a raíz de la convocatoria de los comicios del pasado 10 de noviembre.

Una vez Nuet ha revalidado su acta como diputado en el Congreso, ha recuperado el fuero ante el Supremo, ante lo que la sala civil y penal del TSJC, liderada por el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, ha decidido abrir un plazo para oír a las partes sobre las consecuencias que ello podría tener sobre su competencia a la hora de someterle a juicio y dictar sentencia.

Por este motivo, la sala da cinco días a las partes para que se posicionen sobre si entienden que existe una conexidad entre la conducta de Nuet y la del resto de acusados "que impida escindir el conocimiento de la causa sin afectar a su continencia". 

Según la providencia, de lo que se decida sobre si el TSJC mantiene o no la competencia para enjuiciar los hechos, la sala decidirá lo que se proceda, en su caso, sobre un nuevo señalamiento del juicio oral.

La causa contra los miembros de la Mesa -iniciada a raíz de varias querellas de la Fiscalía- llegó al TSJC después de que el Tribunal Supremo decidiera desgajarla del proceso contra Forcadell y el resto de líderes independentistas y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento.

Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, y Joan Josep Nuet, secretario tercero, entonces de CSQP, están acusados de permitir que la cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.

Tras la declaración de independencia del 27S, los miembros de la Mesa de JxCat y CSQP declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Constitucional. 

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del "procés" por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el "sí" a la independencia ganara en el 1-O.