El pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido de urgencia este martes para admitir a trámite tres incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno de España y suspenden los Acuerdos de la Mesa del Parlament de 22 de octubre de 2019, por el que se reitera la defensa del derecho de autodeterminación, la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político y la reprobación del Rey Felipe VI.

También suspende el Acuerdo de la Mesa de 29 de octubre que rechaza las solicitudes de reconsideración de Ciudadanos, el PSC y PPC.

La sentencia invocada por el Gobierno contra estos acuerdos es la STC 259/2015, que anuló la Resolución 1/XI del Parlament sobre el inicio del proceso político de Catalunya para proclamar un Estado independiente y que desobedecía las leyes e instituciones españoles, entre ellas el propio TC.

En las tres providencias aprobabas este martes, el TC advierte al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los demás miembros de la Mesa de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de las eventuales responsabilidades en las que puedan incurrir, incluida la penal.

El TC advierte de manera personal a Torrent;al secretario general, Xavier Muro; y a los miembros de la Mesa Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Laura Vílchez y Adriana Delgado.

El TC suspende las resoluciones dado que el Gobierno ha invocado en sus recursos el artículo 161.2 de la Constitución, lo que supone la suspensión de estos acuerdos al admitir a trámite las impugnaciones de la Abogacía del Estado.

El TC ha suspendido, a petición del Gobierno, un inciso de las resoluciones en el que se recogía la voluntad de reiterar "tantas veces como lo deseen los diputados y las diputadas la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".

Ahora bien, el Constitucional no ha accedido a deducir testimonio (abrir una vía penal dirigiendose a la Fiscalía), en contra de lo que pedía el Gobierno si consideraba que los miembros de la Mesa podían incurrir en un delito.