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Tercería locativa La ley del 'solo sí es sí' lleva al Congreso la disputa entre abolición y regulación de la prostitución

El proyecto promovido por Igualdad recupera la tercería locativa, que permitirá "acabar con la impunidad de los dueños de los prostíbulos" y "penar el proxenetismo en todas sus formas", incluido el "no coactivo", un asunto que ha despertado ampollas entre los grupos al reflotar una eterna brecha en el feminismo.

20/10/2021.- La ministra de Igualad, Irene Montero (i), saluda a la actual presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, Carmen Calvo (d), a su llegada a una comparecencia este miércoles ante la Comisión de Igualdad del Congreso en Madrid. EFE/ Ch
La ministra de Igualdad, Irene Montero, saluda a la actual presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, Carmen Calvo, este miércoles. Chema Moya / EFE

El eterno debate en el seno del feminismo sobre la regulación o abolición de la prostitución ha entrado de lleno en la agenda política en los últimos días. A la apuesta decidida del PSOE de abolir la prostitución antes de que finalice la legislatura, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el 40º Congreso Federal del partido, le han seguido las enmiendas registradas al proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocido como ley del solo sí es sí, en la dirección contraria, favorable a proteger la prostitución voluntaria.

El proyecto promovido por el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero, que avanza en el Congreso tras superar el pasado jueves los vetos de PP y Vox, contempla la tercería locativa, una figura que el Gobierno del socialista Felipe González eliminó del Código Penal en 1995 y cuya reintroducción permitirá "acabar con la impunidad de los dueños de los prostíbulos" y "penar el proxenetismo en todas sus formas", incluido el "no coactivo", tal como explicó Montero durante una sesión de control al Gobierno.

De esta manera, el texto legislativo incluye esta medida abolicionista al estipular: quien "con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, o cualquier otro espacio, abierto o no al público, a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona", será "castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura" del local.

Sin embargo, la recuperación de esta figura y su inclusión en este proyecto de ley ha evidenciado la brecha entre los partidos en el marco del debate sobre la prostitución, una fractura que puede complicar la tramitación y posterior aprobación de una de las normas estrella de Igualdad.

Distinción entre prostitución voluntaria y forzada

Más aún cuando esa brecha, que no es una novedad, se hace latente dentro de un mismo grupo parlamentario, como sucede en el seno de Unidas Podemos. En este sentido, En Comú Podem, la confluencia catalana del espacio confederal, enmendó el proyecto de ley para retirar la recuperación de la tercería locativa.

Y es que, la introducción de esta figura "no solo va en contra del espíritu de la norma", sino que contribuye a "reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada", según reza la enmienda firmada por las diputadas de En Comú Podem Aina Vidal y Mar García Puig.

La propia Vidal explicó este martes en rueda de prensa que desde el "compromiso de cultivar un feminismo en que todas quepan", presentaban esta enmienda al apostar por "el derecho a tener derechos, también para las personas en situación de prostitución que así lo deseen".

Los grupos catalanes elevan la presión

Este miércoles, ERC, JxCat y la CUP han registrado esta mañana una enmienda conjunta al proyecto legislativo en el mismo sentido porque la "introducción de una excepción" al consentimiento expreso y "en un tema complejo como es la prostitución o el trabajo sexual, que no se aborda por completo sino solo parcialmente y en referencia a la tercería locativa", incentiva una
"distorsión respecto de la finalidad y el espíritu de la norma".

"En ningún caso esta ley puede representar un paso atrás en los derechos de las mujeres y desde el punto de vista feminista, si se pretende garantizar la libertad de las mujeres o de las personas trans a la hora de disponer de su cuerpo, la ley entra en una absoluta contradicción porque, por un lado, proclama la libertad en este sentido, pero por el otro, agrava la situación, impidiendo el acceso a unos espacios que les garanticen seguridad y llegando al extremo de poner en peligro la propia vivienda, perpetuando las situaciones de vulnerabilidad, discriminación y estigmatización", sostienen las diputadas firmantes de estos grupos catalanes, representantes de un territorio donde se creó el primer sindicato de prostitutas.

Debate en profundidad sobre la prostitución

La conveniencia o no de recuperar la tercería locativa y si hay que hacerlo dentro o fuera del marco regulatorio de la ley del sólo sí es sí ha sido uno de los temas principales que los grupos han discutido este miércoles en el seno de la Comisión de Igualdad, a propósito de la comparecencia de la ministra del ramo.

A la postura de En Comú Podem y el resto de grupos catalanes se suma también EH Bildu, mientras que PNV aboga por "reflexionar en profundidad" sobre la prostitución al margen de dicha norma. Por su parte, Unidas Podemos, al margen de su confluencia catalana, ha dejado claro que seguirán luchando contra la industria proxeneta, por lo que insisten en la medida abolicionista contemplada en la Ley de garantía integral de la libertad sexual.

En esta línea, así lo ha vuelto a dejar claro la propia ministra en sede parlamentaria: "Las mujeres que están en un contexto de prostitución (muchas de ellas son mujeres migrantes en situación administrativa irregular) han llevado demasiadas décadas en nuestro país en los márgenes de las políticas públicas, olvidadas por el Estado y por unas administraciones que tienen que garantizar sus derechos, y que, sin embargo, no han cumplido con su función hasta ahora".

Consciente de las críticas recibidas, la ministra (abiertamente reconocida como abolicionista) ha insistido en que el debate sobre la prostitución es de "honda profundidad y no se ha resuelto en décadas", por lo que ni ella ni esta ley "pretende resolverlo". Más bien, ha pedido verlo en esta ocasión desde la óptica de las violencias machistas y la vulnerabilidad de la mayoría de mujeres que son sometidas a la explotación sexual.

Por ello, (visiblemente molesta) ha señalado que, como ministra, no puede "mirar para otro lado", aunque ha invitado a los grupos a seguir debatiendo sobre la idoneidad de mantener la introducción de la tercería locativa en la ponencia y en la comisión de Igualdad para que la norma llegue a buen puerto y "blinde a las mujeres de todas las violencias machistas".

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