Asturias, Madrid y Extremadura, junto a la ciudad autónoma de Melilla, son las únicas regiones que han enviado al Defensor del Pueblo los datos sobre casos de explotación sexual de menores tutelados. La institución abrió el 25 de mayo una investigación en la que pidió información a las administraciones competentes de las comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El objetivo es conocer las características de los casos de explotaciones sexuales de menores registrados en cada territorio. Como tan solo tres comunidades y una ciudad autónoma han sido las que han aportado la documentación, el órgano dirigido por Ángel Gabilondo continuará con la investigación hasta emitir una resolución global con los informes de todas las regiones.

Cuando haya recopilado los datos emitirá este informe "que, previsiblemente, contendrá las correspondientes recomendaciones a las administraciones competentes". La entidad ha remarcado que el hecho de que este trabajo esté en curso no supone que no "pudieran iniciarse otras investigaciones de carácter singular, en el caso de tenerse conocimiento de nuevos casos".

Entre la solicitudes, el Defensor del Pueblo reclamó a las administraciones que le ofrezcan de manera detallada medidas específicas relativas a la protección de menores afectados y los protocolos aprobados o en desarrollo para la detección de temprana de los casos de explotación.

Gabilondo señaló durante su comparecencia en el Parlamento el pasado 13 de septiembre que se trata de "un asunto de envergadura" y que hay "indicios" de que podría haber casos de explotación sexual a menores en muchas comunidades autónomas.