La campaña del PP para desgastar la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, por su gestión del sistema de tutela ante las denuncias de abusos sexuales a menores amenaza con convertirse en bumerán que golpee en la línea de flotación de una de las primeras espadas del equipo con el que el PP pretende recuperar el poder en el País Valencià: la alcaldable para València y actual portavoz parlamentaria popular, María José Catalá.

La denuncia que el PP elevó ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, institución presidida por la eurodiputada popular Dolors Montserrat, para que investigara la gestión de Oltra al frente del sistema valenciano de tutelaje de menores, ha puesto al descubierto una condena judicial contra la Generalitat por "inactividad" ante unas denuncias de abusos sexuales a menores en un colegio de Alacant. Pero los hechos se remontan al curso 2009/2010 y afectan a la Conselleria de Educació. La entonces titular de este departamento era, precisamente, Catalá.

La denuncia, firmada por la diputada popular Elena Bastidas, incluye una decena de casos aparecidos en prensa de abusos a menores –tutelados o no- ocurridos en diferentes circunstancias entre 2009 y 2022. Y una de estas es la que ha acabado explotando en las manos de Catalá.

Según se puede leer en la sentencia dictada en 2019 por el Juzgado de lo Penal número 9 de Alacant, a la que ha tenido acceso Público, durante el curso 2009/2010 en un colegio de la ciudad, del cual se ha escondido el nombre, se produjeron cuatro casos de abusos a menores por parte de un monitor del servicio de comedor del centro. Entonces, las familias de aquellos niños denunciaron el caso ante la dirección del colegio y también a inspección educativa, pero tanto unos como otros optaron por "tapar" los hechos, sin informar a Fiscalía ni derivar los menores abusados a la Fundación Espill –la entidad de referencia de la Generalitat para este tipo de casos- para que los evaluara psicológicamente.

No fue hasta 2018, cuando uno de los padres de las víctimas denunció el caso al enterarse de otros hechos similares. Fue entonces cuando se abrió un proceso penal que acabó con la condena de P.A. por cuatro delitos de abusos sexuales a menores, además de declarar responsabilidad civil de la Conselleria de Educació por su inactividad cuando tuvo conocimiento de los hechos. Entre ambas fechas, en 2013, P.A. consiguió la acogida de un menor tutelado, ya que no figuraba en ninguna base de datos de antecedentes penales.

El menor tutelado también sufrió abusos, pero ante las sospechas, esta vez sí que la Conselleria de Igualdad optó por dar credibilidad a la versión del niño, lo derivó a la Fundación Espill para su evaluación y dio de baja P.A. del registro de familias educadoras.

Investigación de funcionarios de Igualdad

Precisamente, la apertura de un expediente administrativo similar, ante una denuncia de posibles abusos sexuales ha llevado hasta once cargos y funcionarios de Igualdad a declarar, en calidad de investigados, ante Juzgado de Instrucción número 15 de València.

El proceso, abierto a partir de las querellas presentadas por Vox y la asociación Gobierna-Te, además de la propia víctima de abusos –cuyo abogado es el dirigente ultraderechista José Luis Roberto,- pretende dirimir si hubo una trama de la Conselleria para "proteger" a Luis Ramírez, educador en un centro de menores concertado y ex-marido de Mónica Oltra, ante las denuncias de abusos sexuales.

La investigación no incluye la misma Oltra por su condición de aforada. Los querellantes ya intentaron que fuera el TSJCV quien instruyera la causa, pero este archivo el caso y lo derivo a los tribunales de primera instancia. "El TSJ considera que no hay indicios, pero aun así pide que haya una mínima investigación, que es lo que se está haciendo actualmente", indican fuentes de la defensa de los funcionarios.

Estas mismas fuentes se muestran tranquilas ante la opción que alguno de sus clientes sea finalmente imputado: "Realmente, lo único que hay es un expediente administrativo normal y que ha seguido todos los protocolos, y solo se han detectado pequeños errores subsanables que encontraríamos ante cualquier expediente".

Este expediente administrativo ha sido presentado por diferentes voces de la derecha como una "actuación parajudicial" que habría tenido como objetivo dificultar la acción de la justicia. Un argumento que, según estas mismas fuentes, "no se sostiene, ya que una vez concluido se facilitó de oficio a Fiscalía para que lo tuviera en cuenta".