Una treta permite a PP y Cs burlar la Ley de Memoria en Zaragoza

Coló. El juez ha dado por buena la creación de un grupo de trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque en la práctica no se encuentra operativo ni tiene fecha prevista de activación, y ha eludido condenar al consistorio a cumplir la Ley de Memoria Histórica, tal y como pedía la asociación memorialista Amro, representada por el abogado Eduardo Ranz, y tal y como otro magistrado hizo hace ya más de tres años en Melilla, cuyo consistorio fue obligado a confeccionar en seis meses el inventario de vestigios del franquismo que desde hace doce años contempla el artículo 15.3 de la norma estatal.

Amro llevó al consistorio ante los tribunales en septiembre, cuando habían pasado cinco meses sin que, ni con ZeC ni con la coalición PP-C’s en el gobierno, este hubiera respondido a su requerimiento para elaborar el catálogo y proceder a la retirada de esos vestigios, entre los que se encuentran varios nombres de calles que la coalición de centro-derecha, que tiene al ultraderechista Vox como socio de referencia, elude retirar.

Sin embargo, el magistrado del Juzgado Contencioso número 2 de la capital aragonesa, Javier Albar, ha declarado extinguido el litigio, en el que el letrado solicitaba que el ayuntamiento fuera condenado "a la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura franquista, en el municipio, y adopte las medidas oportunas para su retirada", al considerar que se ha "producido la satisfacción extraprocesal" de la demanda con el acuerdo de creación de la comisión.

La sentencia considera que con la decisión de crear "un grupo de trabajo destinado a cumplir con el fin de la citada ley", que el equipo de gobierno municipal adoptó formalmente el pasado 17 de diciembre, "se ha cumplido con el derecho de petición (…) en un término sustancialmente estimatorio" de la demanda.

En este sentido, el juez da por hecho que del trabajo de ese grupo "saldrá un catálogo, estado o relación de elementos que deban ser retirados o redenominados", ya que su objeto formal consiste en "la elaboración de propuestas para la asignación o modificación del viario y espacios públicos, así como todas las cuestiones que considere" relacionadas con la memoria histórica.

“El catálogo no está ni se le espera”

Otra cosa es que eso vaya a ocurrir en un plazo corto de tiempo. Fuentes del mismo equipo de gobierno PP-Cs confirmaron a Público que el grupo de trabajo "no se ha reunido todavía" y que no hay ninguna previsión de que vaya a hacerlo a corto plazo.

La posición de la coalición PP-Cs resulta llamativa cuando faltan solo seis meses para que el próximo 22 de agosto venza el plazo que la Ley de Memoria Democrática aragonesa da a los ayuntamientos de la comunidad para limpiar los espacios públicos de pueblos y ciudades de vestigios de la dictadura.

El consistorio zaragozano se juega en ese envite 28 millones de euros, que es la cifra que recibe anualmente de la comunidad autónoma a través del convenio de capitalidad (8,9, aunque reclama 27) y para atender los servicios sociales (19), ya que los municipios que incumplan esa obligación "podrán ser objeto de sanción mediante la exclusión de procesos de concesión de subvenciones y ayudas públicas" autonómicas.

"Lo que dice la ley es que debe haber un catálogo, y ese catálogo no existe en Zaragoza", señala Ranz, que anota que "el juez considera que está superado el objeto del pleito, pero el catálogo no está ni se le espera".

Pistas sobre la retirada de vestigios

El juez, por otro lado, dictamina en su sentencia que "la retirada de tal o cual elemento es una obligación o prestación directamente exigible" a las administraciones y, en este sentido, respalda los planteamiento de Amro al anotar que la supresión de los símbolos franquistas "cuando menos necesitará un informe de los servicios de patrimonio histórico".

Sin embargo, al mismo tiempo da una pista sobre cómo pueden acabar interpretando los tribunales el mandato de la ley autonómica cuando se refiere a la eventual necesidad de disponer de "incluso informes destinados a concretar si es un mero elemento de recuerdo o, más allá de éste, conlleva una exaltación". "Se precisa un estudio tanto de posibles símbolos o elementos de exaltación como, una vez identificados, determinar si, efectivamente, son conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura", añade.

Por otro lado, anota que "el catálogo ni es un elemento obligatorio ni es imprescindible", sino que se trata de "un posible instrumento" para cumplir la normativa memorialista. "Es una más, aunque pueda ser muy útil, de las medidas oportunas para dicha retirada", añade.

Otra demanda en curso

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene abierto otro frente judicial por asuntos de memoria. Se trata del recurso interpuesto por la Fundación 14 de abril ante la negativa de la coalición PP-Cs a eliminar del callejero las referencias al arzobispo Rigoberto Doménech, que defendió la violencia de los sublevados como algo que desataron "lícitamente en beneficio del orden, la patria y la religión"; al rector que dirigió las purgas en la universidad durante la guerra y los primeros años de la dictadura, Gonzalo Calamita, y al presidente falangista de la Diputación Provincial tras la sublevación de julio de 1936, Manuel Allué Salvador.

La fundación, que también había solicitado renombrar las calles dedicadas a la enfermera Agustina Simón, fusilada en Belchite en 1937, y a Pedro Lázaro, cuyo nombre reemplazo al del capitán republicano Fermín Galán por haber sido el primer muerto de las tropas franquistas procedente del barrio del Arrabal, aunque los trámites no han comenzado en estos dos casos, formalizó hace unos días la demanda ante el Juzgado Contencioso número 1 de Zaragoza, que se previsiblemente se pronunciará sobre el asunto en unas semanas.

Por otro lado, las Cortes de Castilla y León dieron el jueves su apoyo, con el respaldo de PP, C’s y Podemos a la propuesta del PSOE, a la exhumación de los restos del ferroviario zaragozano Rafael Abril, cuyos restos fueron trasladados sin permiso de su familia al Valle de los Caídos años después de su asesinato a manos de los sublevados en septiembre de 1936. Izquierda Unida ha presentado una propuesta de resolución de contenido similar en las Cortes de Aragón.