Un tribunal avala el derecho de CNT a recuperar el patrimonio que le expolió Franco

@e_bayona

ZARAGOZA.- “La CNT a día de hoy no disfruta de ninguna cesión en usufructo de locales de PSA en Zaragoza, pese a ser éste su derecho de conformidad con la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado y de acuerdo con la doctrina que el Tribunal Constitucional viene sentando al respecto”. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha avalado, en una histórica sentencia, el derecho del sindicato a recuperar los bienes que le incautó el franquismo tras la Guerra Civil.

El tribunal ha revocado una resolución del Juzgado de lo Penal número 5 de la capital aragonesa y ha absuelto a uno de sus miembros, P.A. V., defendido por el abogado Ramón Campos, del delito de usurpación de inmueble (okupación) por el que había sido condenado a una multa de 720 euros. La Policía le identificó en un local de la Seguridad Social del barrio de San José en el que, entre mayo de 2014 y febrero de 2015, el sindicato habilitó durante nueve meses un centro social en el que atendía a sus militantes, celebraban asambleas sus secciones sindicales y se organizaban actividades vecinales.

P. A. V. “sabía perfectamente que el local no era del sindicato ni tenían autorización de su propietario para utilizarlo”, señala la Audiencia, que, al mismo tiempo, recuerda que “la CNT viene reclamando la devolución de bienes por parte del Estado” desde que la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado puso en marcha en 1986 “un movimiento para la reparación de las expropiaciones de 1939”. Esa norma, que en enero cumplió 30 años, “obligaba a la devolución de los bienes incautados y el derecho a la cesión y uso de inmuebles por parte de los sindicatos”.

“La CNT ha seguido reclamando a día de hoy la devolución de su patrimonio histórico”, añade la resolución, que absuelve a P. A. V. en aplicación del “principio de intervención mínima” del derecho penal.

La CNT era, junto a
la UGT, el mayor
sindicato español en 1936

La sentencia recuerda, “aunque no pueda tomarse como exculpatorio”, otro hito judicial en la lucha de la CNT por recuperar el patrimonio que le arrebató el franquismo: la ocupación en Madrid, “en la década de los 90”, del Consejo Económico y Social, “organismo entonces encargado de la repartición del patrimonio sindical acumulado”. “En el año 2004 se llegó a un acuerdo entre la fiscalía y la CNT por el cual el centenar de procesados por dicha ocupación quedaban libres sin cargos”, anota.

La CNT, el principal sindicato español en 1936 junto con UGT, lleva tres décadas reclamando el mismo trato que esa organización y otras como CCOO y distintas patronales, inexistentes hace 80 años, han recibido del Estado. La central anarcosindicalista valora en 90 millones de euros los edificios que reclama, a los que se suman otros bienes como los más de 30 millones de pesetas depositados en sus cuentas al acabar la guerra civil. Sin embargo, y pese a la ley, el Estado apenas le ha compensado por ese expolio: 1,5 millones de euros por nueve locales en 1986 y siete inmuebles en 1999.

En el caso de Zaragoza, lleva décadas reclamando la entrega del local de la Seguridad Social, que lleva cinco años sin uso con la excepción de los nueve meses que fue okupado, y el edificio del barrio de Delicias que entre 1936 y 2008 albergó el geriátrico de San Jorge, y en cuyo estado de ruina se basó la absolución de los sindicalistas que intentaron reabrirlo como centro social en 2013. “No consta que los acusados tuvieran conciencia de que okupaban de forma ilegítima el referido espacio”, señaló entonces el juez.

El Ministerio de Empleo ha sacado a subasta en dos ocasiones el geriátrico, la decisión sobre cuya entrega al sindicato está en manos de la Audiencia Nacional. Sus 3.200 metros cuadrados fueron tasados inicialmente en tres millones. Sin embargo, si nadie se hace con él en la tercera y a cuarta puja, en las que los precios de salida serán de 2,1 y 1,7 millones, el Gobierno central podrá enajenarlo por adjudicación directa. Por un precio menor y teniendo en cuenta que su fachada no se puede reformar por haber sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La sentencia inicial de P. A. V., que redujo de seis a cuatro meses el periodo de multa que solicitaron tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, ya absolvió a la CNT de pagar los 1.476 euros que le reclamaba la Seguridad Social por gastos de comunidad, luz y agua de esos nueve meses al considerar que “dichos gastos no se han acreditado al no constar factura o recibo alguno que evidencie la realidad de los mismos y por quién fueron satisfechos”.

Ahora, la Audiencia ordena modificar los hechos probados de la sentencia para indicar que la ocupación del local se produjo “después de haberse solicitado reiteradamente por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores (C.N.T.) al Estado la cesión de locales del Patrimonio Sindical Acumulado”, y tras haber notificado por escrito a la Delegación de Gobierno y el Ministerio de Empleo que pasaba a “gestionar el local”, que se encontraba “desde 2011 en estado de abandono”, en una actuación que se enmarca “dentro de las sucesivas reclamaciones” para recuperar el PSA “que tanto respecto a la ciudad de Zaragoza como a otras localidades del Estado español se vienen haciendo por parte de nuestra organización”.

De hecho, recuerda la sentencia, el sindicato pidió permiso para poder utilizar el inmueble en usufructo, con lo que habrían dado por saldadas “cuantas obligaciones tiene el Estado con dicha organización en materia de PSA en la ciudad de Zaragoza”, y proponía que, si la Administración optaba por otro edificio, se inclinara por “uno que reúna las condiciones de ubicación de la ciudad (razonablemente céntrico) y metros útiles necesarios para albergar un local sindical, negociándose previamente tal medida con la organización que suscribe en la medida de lo posible”.