La Audiencia Provincial de Huelva ha ordenado al juzgado que archivó una querella por fraude en la contratación pública y malversación contra Loles López, número dos del PP en Andalucía, que analice de nuevo las pruebas presentadas. López fue denunciada por una contratación de 36.300 euros que el Ayuntamiento de Valverde del Camino llevó a cabo, en el año 2012, cuando era ella la alcaldesa. 

Tres magistrados consideran que el archivo que practicó la jueza de instrucción, la magistrada Aranzazu Patiño, no abordaba todos los extremos a investigar y que ignoraba las indicaciones que la propia Audiencia había dado anteriormente.

Es decir, que el archivo se había producido sin la suficiente justificación: "Se aprecia un importante déficit de motivación porque no se contesta a las valoraciones del querellante en relación con los indicios derivados de los documentos aportados y que debió analizar la resolución para ver si existen indicios de delito en la actuación de la entonces alcaldesa", aseguran los magistrados.

La Audiencia insta así a la instructora del caso a que, "en relación con la documentación aportada por la parte querellante, analice la adecuación a normativa y procedimientos aplicables".

Lo que la denuncia pone en cuestión, según ha podido comprobar Público leyendo la documentación del caso, es la legalidad del contrato de arrendamiento de servicios "firmado el 16 de julio de 2012 por Loles López en nombre y representación del Ayuntamiento de Valverde del Camino" con un despacho de abogados "con el objeto de iniciar el proceso concursal" de la sociedad municipal Gestora de Infraestructuras de Valverde del Camino, S.A. (GIVSA), "por el que el Ayuntamiento de Valverde del Camino ha abonado un importe total, IVA incluido, de 36.300 euros".

En la querella, presentada por el exalcalde de Valverde Miguel Ángel Domínguez (PSOE) y por Francisco Rodríguez (ex de IU, luego en el PSOE también), ambos retirados de la vida pública, se afirma que en la elaboración del contrato "no tuvo ninguna intervención el departamento de contratación del Ayuntamiento de Valverde del Camino", que no se "tramitó ningún expediente administrativo previo de contratación" y que no existió "fecha de contratación, consignación presupuestaria para esta, montando un expediente falso para los archivos municipales".

Trayectoria poco ejemplar

La trayectoria de los denunciantes no ha sido precisamente ejemplar. Uno de ellos, Francisco Rodríguez, tiene una condena por haber cobrado indebidamente de un ERE y fue también denunciado por haber pedido facturas falsas para ocultar mariscadas. Y el otro, Miguel Ángel Domínguez, pagó casi 4.000 euros en prostitutas con la tarjeta del Ayuntamiento.

Este diario se puso en contacto con el PP para recabar su valoración sobre la decisión de la Audiencia y el caso. En su momento, fuentes del PP de Andalucía indicaron a Público que la contratación era irreprochable y que se había hecho con todas las de la ley y que así quedaría demostrado. Añadieron también que la querella obedecía a una "persecución política".