El Tribunal Supremo amnistía a los miembros de la Mesa del Parlament de 2017

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Lluís María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya en 2017. Los cuatro fueron condenados en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a cuatro meses de inhabilitación por permitir la tramitación de la declaración de independencia de Catalunya y de las leyes de desconexión a pesar de que el Tribunal Constitucional les había prohibido hacerlo.

El Alto Tribunal declara ahora amnistiados los actos que cometieron y extinguida su responsabilidad penal, toda vez que el Tribunal Constitucional primero y el TJUE después avalaron la legalidad de la ley de amnistía que cuestionó el propio Tribunal Supremo. "Procede, en consecuencia, declarar amnistiados los actos cometidos por los recurrentes, que dieron lugar a este procedimiento, con la consiguiente extinción de su responsabilidad penal", recoge el auto del Supremo.

Es la tercera decisión que adopta el órgano judicial en el mismo sentido en apenas una semana después de que el Tribunal de Justicia de la UE fallara también a favor de la ley de amnistía.

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EFE

El Tribunal Supremo ha amnistiado desde entonces a ocho manifestantes que protestaron contra la sentencia del procés, entre ellos el expresident del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la Mesa del año 2019, y a la exconsellera Meritxell Serret. Serret fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave. La exconsellera es, además, la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.

La decisión llega más de dos años después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, el 11 de junio de 2024. Poco después de la entrada en vigor de esta norma, el Alto Tribunal promovió una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).