Este artículo se publicó hace 2 años.
El Tribunal Supremo inadmite la querella de Jordi Sànchez contra Casado
Los magistrados consideran que las palabras de Casado se dieron en medio de una "contienda política" y que, por ello, quedan amparadas por la libertad de expresión.
El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella del secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, contra el presidente del PP, Pablo Casado, por llamarle "delincuente" y afirmar que destrozó un coche de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017 durante el procés.
Los magistrados consideran que las palabras de Casado se dieron en el contexto de una "contienda política", de modo que están amparadas por la libertad de expresión.
La querella se refería a las afirmaciones que Casado realizó el 19 de diciembre en un acto de Zaragoza. El presidente del PP dijo que el catalán no iba a darle lecciones de democracia, siendo él "un señor que ha sido condenado a 9 años de cárcel, que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y se ha subido con un megáfono a instigar a la violencia contra las administraciones del Estado".
La defensa de Sànchez consideraba que estas afirmaciones podrían constituir un delito de calumnias o, subsidiariamente, de injurias, de modo que pidió al Tribunal Supremo que investigara a Casado, explica Efe.
Sin embargo, la Sala explica que en los marcos de polémicas y discusiones públicas se amplían "los límites de la crítica permisible", especialmente si el debate se da entre personajes públicos, ya que puede resultar de interés general para la ciudadanía.
El Supremo ha recordado en la sentencia que ya ha establecido "en reiteradas ocasiones" que "en el contexto de las críticas públicas a personas que ocupan relevancia social se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor".
Casado pronunció estas palabras después de que Sànchez anunciase otra querella contra él por delitos de odio, calumnias e injurias. Este recurso fue motivado por unas declaraciones en las que el presidente del PP acusó al Gobierno central del "señalamiento de un niño de cinco años en Canet, en Cataluña." El conservador se refería a que los profesores solo dejaban ir al baño al alumnado si lo pedían en catalán.
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