El Tribunal Supremo salva del ladrillo un valle pirenaico y asfixia al 'holding' aragonés del esquí

ZARAGOZA .- El Tribunal Supremo ha absuelto de ladrillos y remontes al valle de Castanesa, en el Pirineo oscense, al ratificar la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que preveía construir en Montanuy -un municipio de 221 habitantes que ha perdido 86 en ocho años- 3.500 viviendas y varios miles de plazas hoteleras para financiar una estación de esquí. El proyecto, que pretendía crear el mayor dominio esquiable de Europa, no respetó las mínimas exigencias ambientales al carecer de la evaluación estratégica que exige la ley, tal y como había sentenciado hace dos años el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

La pifia administrativa fue obra del Instituto Aragonés de Garantía Ambiental (Inaga), un organismo de la comunidad autónoma que, sin darle publicidad a su decisión ni motivarla, declaró “inviable” someter el proyecto a la evaluación de impacto “dado el avanzado estado de tramitación del mismo”. Lo hizo a pesar de que buena parte del término está incluido en la Red Natura 2000 por su valor ecológico y de que forma parte del parque natural Posets-Maladeta.

Al anular el PGOU, la sentencia ha provocado la asfixia financiera del promotor del complejo, el holding semipúblico del esquí Aramón, cuyos dos socios, la comunidad autónoma y el banco local Ibercaja, acaban de ver cómo se esfuman de su balance la práctica totalidad de los 28 millones de euros que gastaron en terrenos y proyectos, los primeros devaluados al volver a ser terrenos rústicos y los segundos sin valor práctico.

3.500 viviendas y 70 kilómetros de pistas en un pueblo de 220 habitantes.

La estación de esquí de Castanesa era una de esas iniciativas que en los años de la burbuja se conocían como “grandes proyectos estratégicos”. Esta iba a dar lugar, sobre el papel, al mayor dominio esquiable de Europa al enlazar la nueva zona con la de Cerler, en Benasque. Contemplaba urbanizar 50 hectáreas de monte para construir las 3.500 viviendas que financiarían 46 pistas de esquí que sumarían 70 kilómetros y que serían conectadas por 36 remontes.

El proyecto, impulsado en la época de los gobiernos PSOE-Par de Marcelino Iglesias y mantenido por el PP-Par de Luisa Fernanda Rudi, tuvo siempre la oposición de los grupos ecologistas y de partidos de la izquierda como Cha e IU, en un rechazo que comparte Podemos.

Pese a su fracaso, el proyecto ha tenido varios beneficiarios. El principal es el arquitecto Norman Foster, que llegó a cobrar por sus planos tres millones –en su caso libres de impuestos- de los siete que la compañía dedicó a los diseños. Y los vecinos de la zona, que se repartieron –también con algunos intermediarios y especuladores- cerca de veinte millones vendiendo prados y eriales a precio de suelo urbanizable en una capital: Aramón daba señales de 36.000 euros para comprar por 240.000 hectáreas de prado y erial y zonas de monte que hoy no valen más de 3.000.

Ahora, Aramón y sus socios deben afrontar las consecuencias de la sentencia, que supone el punto final del proyecto aunque la comunidad autónoma mantenga formal y administrativamente viva desde hace año y medio la posibilidad de acometer una versión reducida antes de diciembre de 2020.

El holding del esquí, que explota cinco de las siete estaciones aragonesas de esquí alpino –tres en Huesca y dos en Teruel-, arrastra una deuda de más de 60 millones que soportan, a partes iguales, la comunidad autónoma e Ibercaja.

Fuentes de la compañía consideran que si mantiene los resultados de más de ocho millones anuales de ebitda de las últimas campañas podrá seguir afrontando la refinanciación de su deuda, aunque admitieron que la sentencia descuadra su balance –se esfuma el grueso de partidas de 28 millones anotadas como patrimonio, básicamente en suelo urbanizable-, que les obligará a provisionar la diferencia entre la valoración inicial y la nueva realidad y que cada uno de sus socios deberá anotar la mitad de esas pérdidas en su cuenta de explotación.

La filial de Aramón Castanesa Nieve decidió recurrir la sentencia inicial alegando varias cuestiones formales que han sido desestimadas por el Supremo, que también ha rechazado las alegaciones del Ayuntamiento de Montanuy y ha vuelto a avalar las tesis de la asociación Naturaleza Rural, que combatió el proyecto desde sus inicios.

Ni “el retraso que la evaluación ambiental pueda conllevar ni los intereses públicos vinculados a la aprobación de cualquier plan son justificación para eludir el trámite de evaluación ambiental”, señala el tribunal, cuya sentencia recuerda cómo varias impugnaciones de esta entidad se quedaron sin respuesta por parte del alto cargo que debía resolverlas.

Se trata del entonces viceconsejero de Obras Públicas aragonés, Carlos Esco, recientemente condenado a cuatro años de prisión por un desfalco de 8,7 millones en una empresa pública y que espera juicio por el llamado caso saqueo de la plataforma logística Plaza y por una presunta mordida en la compra de unos terrenos.

El carpetazo al macroproyecto de la estación de esquí de Castanesa llega unos meses después de que la Consejería de Ordenación del Territorio, que dirige José Luis Soro (Cha), decidiera indultar el valle del Anayet, sus ríos salvajes y sus lagos de alta montaña al descartar que en esta legislatura pueda salir adelante la unión de las estaciones de esquí de Formigal, Astún y Candanchú, tal y como adelantó Público.