Más de 150 juristas firman un manifiesto contra la condena del Supremo al ex fiscal general

Más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez o el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, además de abogados, fiscales o catedráticos han firmado un manifiesto en el que arremeten contra la sentencia "inquietante" que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Con el título Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos critican la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El documento, que será presentado públicamente este viernes en el Ateneo de Madrid, está suscrito por antiguos miembros del propio tribunal como Perfecto Andrés, Joaquín Giménez, Alberto Jorge o José Antonio Martín Pallín, además del exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta o la exalcadesa de Madrid y jueza emérita Manuela Carmena.

"La sentencia no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos", señala el texto, que recuerda que en un proceso penal "no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple".

Los juristas consideran de especial relevancia que la sentencia prescindiera del valor de los testimonios de los periodistas que negaron categóricamente que el entonces fiscal general fuera su fuente y sostiene que el resto de indicios empleados para condenarle "no superan el umbral de la mera sospecha y admiten explicaciones normales y lícitas".

A juicio de los firmantes, convertir estos hechos en pruebas de culpabilidad supone, en la práctica, "invertir la carga de la prueba y exigir al acusado que demuestre su inocencia", lo que resulta, apostillan, "incompatible" con la presunción de inocencia.

Consideran también que la nota de prensa difundida perseguía desmentir una acusación falsa e incluso delictiva sobre el funcionamiento de la Fiscalía, por lo que defienden que existía "un interés público" evidente en informar y, por tanto, sancionar penalmente esa actuación "supondría atar de pies y manos a la Fiscalía General del Estado frente a bulos, mentiras y acusaciones falsas".

Por todo, el manifiesto enfatiza que la condena no debió producirse porque no quedó probada la filtración del correo y la nota de prensa no constituye delito de revelación de secretos.

"Se imponía la absolución conforme a un principio básico de todo Estado democrático: nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes", termina el manifiesto que pide que la sentencia sea anulada en las instancias superiores correspondientes.