Ábalos se acoge a su derecho a no declarar ante el Supremo y Anticorrupción no pide prisión provisional

El exministro José Luis Ábalos ha rechazado prestar declaración este miércoles ante el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente. La comparecencia se fijó después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" en el contexto de las investigaciones sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Según han confirmado fuentes presentes en el interrogatorio, el exdirigente socialista se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que no confía en su abogado, José Aníbal Álvarez, tras intentar renunciar a él el pasado lunes por "diferencias irreconducibles". Si bien, Leopoldo Puente rechazó este martes dicha pretensión  por considerar que la misma se realiza en "fraude de ley". 

El magistrado de la Sala Penal le obligó a asistir a la cita de este miércoles y le requirió para que, "en plazo de tres días hábiles, designe nuevo letrado". "En caso de no hacerlo, procederá a serle nombrado uno de oficio. Tan pronto como comparezca en la causa el nuevo letrado/a, asumiendo la defensa del Sr. Ábalos Meco, se tendrá por efectuada la renuncia y cesará en su función en esta causa especial el Sr. letrado don José Aníbal Álvarez García, siendo sustituido por el nuevamente designado o asignado de oficio", proclamó en una auto.

Puente, a Ábalos: "Esto no es el Congreso"  

Fuentes jurídicas informan de una suerte de rifirrafe entre Ábalos y el juez durante la comparecencia. Tras alegar el primero que se siente indefenso porque no contaba con asistencia letrada, el magistrado Leopoldo Puente le ha pedido que "no interrumpa", y le ha señalado que no es el momento de intercambiar de opiniones: "Esto no es el Congreso", ha subrayado Puente, según estas voces.

Por otro lado, en el marco de la vistilla posterior para revisar las medidas cautelares vigentes, a tenor de lo afirmado por estas mismas fuentes, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha declinado reclamar el ingreso en prisión provisional para el exministro. A pesar de considerar que existe riesgo de fuga, ha recordado su condición de diputado del Congreso. 

Por su parte, las acusaciones populares lideradas por el PP han exigido la medida de privación de libertad o, en su caso, la imposición de una fianza de 650.000 euros.