Ábalos, ante el Supremo: estos son los escenarios a los que se enfrenta el exministro

El exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, declara este jueves en el Tribunal Supremo como investigado en el marco de las presuntas adjudicaciones de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama a cambio de comisiones.

Es una cita importante para el diputado del Grupo Mixto, la primera tras la suspensión de su inmunidad por el Congreso de los Diputados, el pasado 22 de enero. Empieza a rodar la instrucción del juez Leopoldo Puente, que investiga, entre otras cosas, si las acusaciones de Aldama respecto a mordidas de 250.000 euros a Ábalos y 400.000 a Koldo García, su exasesor, tienen visos de realidad.

El juez instructor va a decidir, tras la declaración de Ábalos, si le impone alguna medida cautelar como, por ejemplo, si le retira el pasaporte, le obliga a comparecencias semanales o si establece prisión provisionales para el exministro. Será en una vistilla que se celebrará inmediatamente después del interrogatorio, tal y como ya adelantó el juez Puente.

Precisamente este viernes se cumple un año de la detención de Koldo García, de Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, y una docena de personas en el marco de la venta de mascarillas a varios ministerios y gobiernos regionales en lo peor de la pandemia. Ábalos ya prestó declaración voluntaria el pasado 12 de diciembre y negó las mordidas que le atribuye Aldama en el marco del caso Koldo. 

El interrogatorio a Ábalos se produce en medio de la investigación que está efectuando la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro socialista y de su entorno familiar. La Unidad Central Operativa (UCO) rastrea propiedades y cuentas en el extranjero en busca de las presuntas comisiones.

Lo que investiga el juez

La UCO ha constatado que la trama de Aldama pagó el alquiler a la expareja de Ábalos, J. R., citada en el Supremo el próximo 27 de febrero. Esta mujer fue contratada por el Ministerio de Transportes, que dirigía el propio Ábalos. La Guardia Civil señala a un empresario socio de Aldama como el pagador de 88.000 euros destinados al alquiler de un piso en Madrid donde vivía J. R. Se trata de Luis Alberto Escolano, imputado en el caso de los hidrocarburos, en el que también está investigado Aldama.

También hay indicios, según la Guardia Civil, de que Joseba García, hermano de Koldo, que trabajó en una empresa dependiente del Ministerio de Transportes, pagó a través de una mercantil de su propiedad parte del alquiler de la expareja de Ábalos. 

También pasará por el Supremo la mujer que adquirió la casa en Cádiz de la que disfrutó durante un tiempo Ábalos. 

La casa en cuestión, que costó medio millón de euros, fue adquirida por orden de Aldama; cuenta con 350 metros cuadrados, frente al mar, en la urbanización gaditana La Alcaidesa, ubicada entre Sotogrande y La Línea de la Concepción. Es una zona de alto poder adquisitivo. 

Aclaraciones sobre el chalet de lujo

Quien pagó realmente el inmueble de lujo fue el empresario Claudio Rivas, uno de los cabecillas de la supuesta trama de los hidrocarburos, que utilizó a la mercantil Have Got Time para comprar el inmueble. Según las investigaciones de la UCO, José Luis Ábalos disfrutó del chalet. "Existen múltiples evidencias que confirmarían el uso real del mismo por parte de Ábalos, llegando incluso a disponer de la propiedad para ponerla en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos de la misma", consta en un informe de la UCO.

Ábalos asegura que firmó un contrato de arrendamiento con la empresa de Rivas y desmiente que la casa haya sido una mordida de Aldama. 

En este sentido, Víctor Ábalos, hijo del exministro, también está citado en el Supremo para que aclare por qué intentó subarrendar la citada casa, que no era de su propiedad. Además  Aldama le señala como receptor de contratos de consultoría relacionados con las mordidas por las adjudicaciones públicas.  

Hace solo unos días que el juez instructor ha asegurado que las afirmaciones de Aldama sobre las mordidas que salpicarían a ex cargos públicos no están "mínimamente contrastadas" y que la investigación está aún en una "estado embrionario".