Alvise Pérez hace campaña por Aragón tras volver a declarar en el Tribunal Supremo por supuesto acoso

El agitador ultra Alvise Pérez ha regresado este lunes al Tribunal Supremo para declarar en la cuarta causa penal abierta contra él. Su citación, enmarcada en la campaña electoral de Aragón, corresponde a la investigación que sigue contra él por la querella presentada por delitos de acoso y revelación de secretos por los dos eurodiputados que le seguían en la lista presentada por Se Acabó la Fiesta (SALF).

A la salida, Pérez ha rechazado comentar cualquier aspecto relacionado con su interrogatorio para, en su lugar, hacer campaña electoral de cara a los próximos comicios autonómicos y promocionar su libro. "Me considero inocente hasta que se demuestre lo contrario", se ha limitado a señalar.

El magistrado de la Sala Penal Manuel Marchena le citó para este lunes, una semana después de que Diego Adrián y Nora Junco ratificaran ante el juez su querella por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados. En concreto, denunciaron una campaña de hostigamiento en redes como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos, además de llegar a temer por su integridad física al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.   

Según ha explicado este lunes ante los medios Guillermo Ruíz Blay, abogado de los denunciantes, Alvise Pérez ha negado el supuesto acoso, aunque ha reconocido la autoría de los mensajes publicados en Telegram y que son objeto de investigación, pero los ha enmarcado en un contexto de confrontación política.

En cuanto a la difusión de datos personales, el letrado ha señalado que el agitador ha reconocido "haber difundido algún dato personal", aunque se ha parapetado en que "algunos datos estaban en algunas redes sociales", una afirmación que "no ha podido probar". 

Alvise tiene otras tres causas abiertas en el Supremo, en las que ya ha declarado. Una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021. Otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Y la tercera causa es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.