La Audiencia acusa de "intimidación ambiental" a los que rodearon el Parlament y les llama cobardes

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha apreciado indicios de delito contra las instituciones del Estado, castigado con entre 3 y 5 años de cárcel, en 22 personas que participaron en la protesta contra el Parlament de Catalunya registrada el 15 de junio de 2011. En un auto hecho público este miércoles, el instructor afirma que los acusados actuaron contra varios parlamentarios que acudían ese día a la sesión de la Cámara "prevaliéndose de la intimidación ambiental y aprovechando la cobardía de la acción del grupo".

El magistrado, en el paso previo a la apertura de juicio oral contra los acusados, admite que "podría parecer exagerado" establecer penas tan altas para acciones que, aisladamente, sería delitos menores o incluso sólo faltas, como "escupir, insultar, sustraer documentos, arrojar líquidos, sujetar, interponerse o frenar trayectorias, impedir el paso, la circulación, golpear vehículos, pintar una cruz en una gabardina, empujar, agarrar de un brazo, increpar, perseguir, acosar, bloquear, acometer".

Pero añade que cuando estos actos se hacen "prevaliéndose de la intimidación ambiental, aprovechando la cobardía de la acción del grupo, y no aisladamente, y ejerciéndolos sobre parlamentarios que actúan en el ejercicio de su cargo o cuando acuden a ejercerlo (...), la acción violenta --afortunadamente de una minoría-- se convierte en grave y, por ende, delictiva".

El juez considera que en 22 de los participantes en la protesta concurren indicios del delito penado en el artículo 498 del Código Penal, que dice: "Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años".

En el auto, el juez Velasco da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones personadas en la causa --sindicato Manos Limpias, Generalitat de Catalunya y Parlament de Catalunya-- para que, o bien presenten escrito de acusación contra los imputados e insten la apertura de juicio oral contra ellos, o bien pidan el sobreseimiento de las actuaciones.

El auto relata que 11 políticos catalanes, entre ellos el presidente de la Generalitat Artur Mas, fueron acosados por manifestantes. Dice que el vehículo de Mas fue interceptado en unas vías del tranvía cuando iba a la sede del 'Parlament', y que uno de los imputados colocó sus manos encima del capó, se subió al mismo y empezó a golpearlo.

Unos metros más adelante, siempre según el magistrado, el coche de Mas fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de "abrir la puerta del coche", lo que "no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado". Al no lograrlo, arrojó un cono de plástico contra uno de los vehículos de la comitiva, que buscaron un lugar seguro para posteriormente trasladar al presidente catalán hasta la Cámara parlamentaria en helicóptero, que también utilizó la presidenta del Parlament, Núria de Gispert.

Además, el juez recoge que los manifestantes insultaron, escupieron y pintaron una cruz en la gabardina a la socialista Montserrat Tura; "increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos" al diputado de CiU Josep María Llop, que es invidente; y golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" al independentista Alfons López Tena.

También sufrieron las acciones, dice el auto, los diputados Joan Boada, Gerard María Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.