La Audiencia Nacional ordena que se indemnice al fiscal Stampa por daño moral infligido por la Fiscalía

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Justicia a indemnizar con 4.000 euros al fiscal Ignacio Stampa por la prolongación "innecesaria" de la investigación que abrió en su contra la Fiscalía, bajo el mandato de Dolores Delgado, y que impidió que optase a una plaza en la Fiscalía Anticorrupción.  

El tribunal estima parcialmente el recurso de Ignacio Stampa, en el que señala presuntas irregularidades "por inspiración de la Fiscalía General del Estado", por interés de la entonces fiscal general, para apartarle de la investigación que seguía Stampa en la Fiscalía Anticorrupción, por entonces en comisión de servicios, sobre el caso Villarejo. 

El tribunal no entra en el fondo del asunto; y se centra en las diligencias de investigación en contra del propio Stampa, propiciadas por Vox, que le denunció por presunta revelación de secretos en la pieza Dina del caso Villarejo, sosteniendo de manera falsaria que Stampa mantenía una relación sentimental con una abogada de Podemos, partido personado como acusación particular.

La denuncia llegó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, iniciándose una investigación y desde el principio se propuso el archivo al no ver indicios de delito en el fiscal Stampa. Pese a esto, las diligencias se fueron prolongando y cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió un concurso para dotarse de ocho plazas fijas, Ignacio Stampa se quedó fuera por considerar la Fiscalía que seguía sujeto a una investigación.

Stampa presentó en 2021 una reclamación patrimonial de 245.203 euros ante el Ministerio de Justicia por supuestas "irregularidades" en el proceso de selección que le dejó sin una plaza fija en Anticorrupción el 27 de octubre de 2020. En su reclamación considera que la entonces fiscal general, Dolores Delgado, debió abstenerse de participar en la deliberación del Consejo Fiscal de aquel día al tener "interés personal" en el caso Villarejo por ser pareja de Baltasar Garzón y estar relacionado este con las defensas de algunos procesados en el caso.

La responsabilidad de la Fiscalía

La sentencia indica que "es claro que los miembros del Ministerio Público están sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y que les corresponde un deber de sigilo". "Sin embargo, esas diligencias deben tener una duración razonable, que se extiende no a la duración máxima del procedimiento (6 meses prorrogables), a la que se acoge la resolución recurrida, sino a la necesaria para la obtención de evidencias, o descartar las evidencias de la infracción estatutaria", aclara.

Considera Stampa que la prolongación injustificada de las diligencias en su contra le perjudicó en el concurso de Anticorrupción y le dejó en una situación de desigualdad frente a otros aspirantes. El balance de aquella investigación, archivada finalmente, fue que Stampa fue apartado del caso Villarejo y fue perjudicado en su carrera profesional.