El bloque conservador del CGPJ pide que el fiscal general no intervenga en la apertura del año judicial

En vísperas del acto de inauguración del año judicial, que será este viernes a las 12 de la mañana en el Tribunal Supremo, la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se suma a la campaña lanzada por Alberto Núñez Feijóo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su preceptiva participación en dicho acto solemne estando procesado por un presunto delito de revelación de secretos en relación a un correo electrónico con la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso como autor confeso de dos delitos fiscales. 

Los diez vocales conservadores, propuestos por el PP en la última renovación del órgano, expresan en una carta dirigida a la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, su "gran preocupación por la circunstancia de que el actual Fiscal General del Estado, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento, tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes", dice la carta, a la que ha tenido acceso este diario. Fuentes del sector progresista del CGPJ aseguran que desconocían el envío de esta carta a la presidenta Perelló. 

"En modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia, que asiste a todo ciudadano, ni se prejuzga, como no puede ser de otra forma, el fondo del proceso en curso", continúa la misiva.  

"Sin embargo, la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones".  

No olvidan estos representantes del CGPJ referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones respecto a que algunos jueces hacen política y no cumplen la ley: "El pasado 1 de septiembre, el presidente del Gobierno realizó manifestaciones en la televisión pública española en las que se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, manifestaciones que reiteró ante la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función; en la misma línea se manifestó al día siguiente la portavoz del Gobierno, y al siguiente el propio Ministro de Justicia. Ante ello, queremos manifestar que tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho".

Invocando al rey

Los vocales propuestos por el PP piden a la presidenta del Supremo que traslade al fiscal general "la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias; se visibilice nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado; y se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional". Sitúan así al ministro de Justicia, Félix Bolaños, también en el centro de la tormenta, al pedir que se le impida su asistencia.

Se despiden en su misiva estos vocales, que integran el bloque conservador en su conjunto, recordando "nuestra plena lealtad a la Constitución".  

El bloque progresista ha reaccionado rápidamente tras conocer por los medios la noticia sobre la carta de los conservadores y han enviado un comunicado. "Queremos trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne que marca el inicio del curso judicial", consta en el comunicado firmado por nueve vocales progresistas.  

"Como vocales del Consejo General del Poder Judicial, consideramos que la confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia" y recuerdan que la presencia y la participación del fiscal general del Estado en el acto solemne del viernes está regulado en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Se trata, pues, de que todos los poderes, instituciones y personas participantes en el acto solemne respeten la lealtad constitucional que les es exigible", cierran el comunicado los progresistas.  

Polarización política

Por su parte, el vocal Carlos Hugo Preciado, propuesto por Sumar, indica a Público que la misiva "la han remitido unilateralmente y, por tanto, a ellos solo les representa. Les he trasladado que no me parece correcto institucionalmente y que ayer mismo el Rey recibió con absoluta normalidad al fiscal general del Estado [en el acto de entrega de la Memoria de la Fiscalía General del Estado]; en un ejemplo que deberíamos seguir como institución, huyendo de toda instrumentalización política, en la línea que ha venido haciendo este CGPJ en su primer año de mandato y que debería continuar manteniendo,  no contribuyendo en modo alguno a la polarización política".

Se suma esta acción de los vocales conservadores a la emprendida por las asociaciones mayoritarias de las carreras judicial y fiscal, la conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales (AF), junto con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que en un comunicado este jueves indicaban que la presencia de Álvaro García Ortiz sería "un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado" en relación al juicio que con toda probabilidad sentará en el banquillo al fiscal general pese a la investigación polémica del juez del Supremo Ángel Hurtado, que no ha arrojado indicios sobre la presunta autoría de García Ortiz en la referida filtración.