El 'caso Forestalia' pone a los ecologistas en pie de guerra: "Pedimos responsabilidades políticas"

El alcance de la causa judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel por el llamado 'caso Forestalia' ha puesto en pie de guerra a los colectivos ecologistas de Aragón que ya venían denunciando irregularidades en la proliferación de parques eólicos en la región. La denuncia que ha originado la investigación judicial es de la Asociación Apoyo Teruel Existe, que en 2022 y 2023 denunció algunos proyectos de renovables.

Los colectivos ecologistas y ciudadanos aragoneses se han visto sorprendidos por las consecuencias que ha tenido el inicio de la causa judicial: seis detenciones y registros por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delito medioambiental por una trama que conseguía el aval administrativo mediante el pago de mordidas, tanto respecto a los proyectos de renovables presentados en el Gobierno de Aragón como en el Ministerio de Transición Ecológica por Forestalia. Los años investigados son 2022 y 2023, aunque no se descarta analizar años anteriores, indican fuentes jurídicas.

Este jueves, tres de los colectivos implicados en la defensa medioambiental de Aragón han exigido suspender de manera cautelar todos los proyectos de Forestalia mientras dure la investigación y han exigido al ministerio que examine todos ellos, no solo los que constan en el sumario judicial.  

Javier Oquendo (Plataforma Paisajes de Teruel-Plataforma 13M), Carlos López (Ecologistas en Acción) y Juan Antonio Gil (Asamblea Canal Roya y Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón) han convocado a los medios para subrayar el papel que jugó el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en la presunta trama y han pedido que se depuren responsabilidades.

Hay que recordar que, de momento, los seis investigados por el juzgado de Teruel son: Eugenio Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y exasesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, ya jubilado; Fernando Samper, presidente del grupo Forestalia; dos empresarios (E. P. y R. P.), que serían los responsables del entramado empresarial para diludir las mordidas; el notario J.L.C., que habría participado para armar la arquitectura societaria opaca; y la esposa de Domínguez, M.H., que habría ayudado a su marido a ocultar los beneficios ilícitos.

De momento, la Fiscalía y la Guardia Civil han solicitado al juez la suspensión cautelar de los proyectos de Forestalia investigados y desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha anunciado una auditoría y la paralización de los proyectos que dependen del gabinete de la ministra Sara Aagesen.

"Tirar hacia arriba"

Los ecologistas antes citados han llamado la atención este jueves sobre el detalle de que el ex alto cargo del ministerio Eugenio Domínguez "no firmaba nada" ya que era su superiora, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, la que lo hacía. Por lo que consideran que "habrá que seguir tirando hacia arriba": "Si tú eres director de ese departamento y no sabes nada, la verdad es que es un poco sospechoso", ha dicho Oquendo.

Han recordado, tras pedir "responsabilidades políticas", que hay en Aragón en torno a 200 parques eólicos afectados por impacto medioambiental negativo sobre fauna y flora, algunos ya construidos. Según la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, los expedientes de Forestalia no eran evaluados en cuanto a su impacto ambiental; tanto los que se presentaban en el ministerio como los que pasaban al Inaga (cuando dichos proyectos no superan los 50 megavatios) recibían un informe favorable. Esto era algo que los ecologistas percibían y que no cuadraban las declaraciones de impacto ambiental con el "impacto real" que implican algunos parques eólicos.

Megaparques eólicos 

En este sentido, el que está llamado a ser el parque eólico más grande de España, el denominado 'Clúster del Maestrazgo', con 135 molinos, está en el foco de la investigación. Sobre este megaparque hay interpuestos ocho recursos contenciosos-administrativos y varios procedimientos penales. Carlos López, de Ecologistas en Acción, ha recordado este jueves otro proyecto de Forestalia, el 'Clúster del Cinca', en Huesca, que fue dividido en varios proyectos para evitar la competencia estatal y lograr que el expediente se quedara en Aragon. López ha indicado que en ese caso "también hay un proceso penal".

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Los ecologistas han sido contundentes respecto a la posible responsabilidad del Inaga, respecto al que han dicho que "no debería estar funcionando". Respecto a la posibilidad planteada por el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, de reabrir la comisión de investigación sobre las energías renovables en la región a la vista del 'caso Forestalia', sostienen que "no es momento" de hacerlo y han tildado a dicha comisión de "fraude". 

Por su parte, Juan Antonio Gil, de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, ha lamentado que sea la sociedad civil la que tenga que estar siempre "vigilando irregularidades", en vez de ser las Administraciones Públicas las que lo hagan, lo que le parece "absolutamente vergonzoso". Ha pedido que sean las Administraciones Públicas las que se personen en las causas judiciales por corrupción medioambiental.