Un contrato a dedo de 250.000 euros y presuntas coacciones: el caso que puede sentar en el banquillo al presidente del Consell de Ibiza
La Audiencia de Palma reabrió la causa contra Vicente Marí por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a una empresa controlada por una concejala del PP en Santa Eulària en la etapa en que Marí era el alcalde.
El dirigente del PP también está investigado por las presuntas coacciones a la interventora general del Consell Insular, María Ana Tur, que manifestó sus discrepancias con el procedimiento de adjudicación.
Madrid--Actualizado a
El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicente Marí (PP), está a un paso de sentarse en el banquillo por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 250.000 euros a una empresa vinculada a una exconcejala con la que coincidió en su etapa de alcalde del municipio de Santa Eulària. También está investigado por las presuntas coacciones a la interventora general del Consell Insular, María Ana Tur, que manifestó sus discrepancias con el procedimiento.
La Audiencia Provincial de Palma reactivó el caso a finales del pasado mes de diciembre después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza lo archivara un año antes. De esta manera, y en contra del criterio de la Fiscalía, estimó parcialmente los recursos de la presunta víctima, María Ana Tur, y del PSOE, que ejerce la acusación popular.
La Sección Primera instó a reabrir la investigación respecto a la adjudicación de dicho contrato, otorgado en plena pandemia para la campaña promocional La vida islados. Aunque acordó excluir la parte referente a la utilización del procedimiento de emergencia, por entender que la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa, la Audiencia de Palma ordenó continuar con las pesquisas sobre el procedimiento llevado a cabo, así como los hechos denunciados por María Ana Tur contra Vicente Marí, según los autos a los que ha tenido acceso Público.
Tras esta decisión, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza dio diez días a las partes para pedir el sobreseimiento o apertura de juicio contra Vicente Marí. Y aunque el Ministerio Fiscal se ha vuelto a mostrar contrario a sentar al presidente del Consell en el banquillo, tanto María Ana Tur como el PSOE han presentado sendos escritos de acusación.
A falta de que el juez acuerde la apertura de juicio oral, la defensa de la primera ha pedido seis años de prisión y una multa de 500.000 euros, mientras que los socialistas han reclamado un año de cárcel, 12 de inhabilitación y multa de 500.000 euros por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
De la investigación de Antifraude al archivo provisional
Los hechos se remontan a 2020, cuando el Consell Insular de Ibiza adjudicó un contrato por decreto para la grabación de un vídeo de promoción turística de la isla por un importe de 249.018 euros a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L. El Ejecutivo insular justificó la ausencia de concurso público en la situación de emergencia derivada del estado de alarma de la covid-19.
La interventora general del Consell Insular emitió en agosto de 2020 un informe de objeción suspensiva del pago de las facturas del contrato, alertando de "numerosas irregularidades", y solicitó la incoación de un procedimiento de "nulidad" del mismo. Sin embargo, Vicente Marí levantó dicha objeción mediante la aprobación de otro decreto de Presidencia, recriminando las objeciones de la interventora al pago de las facturas y manifestando que actuaba "desde la tranquilidad de su despacho y con un buen sueldo".
Cabe señalar que la empresa adjudicataria tenía como administradora única a Miriam Juan Sánchez, quien fuera concejala del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en la etapa en que Vicente Marí fue alcalde, entre 2007 y 2011.
La adjudicación del contrato del Consell Insular a Fuera de Escena S.L. fue investigada por la extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, eliminada durante el mandato de la actual presidenta del Govern balear, la también popular Marga Prohens. Al apreciar indicios de delito tras revisar la documentación del contrato, trasladó los hechos a la Fiscalía Anticorrupción de Illes Balears.
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El Ministerio Fiscal recogió el guante y presentó una querella contra Vicente Marí por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones a la interventora general del Consell Insular, ya que su actuación pudo vulnerar los principios de "concurrencia y publicidad" para el acceso de cualquier entidad a concurrir en igualdad de condiciones.
Tras practicar numerosas diligencias de instrucción durante casi tres años, "como el análisis de contratos, facturas, normativa legal aplicable, informes oficiales, múltiples testificales, interrogatorios a las partes", el juez instructor decretó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existían indicios de conductas con relevancia penal, "pudiendo los hechos tener, si acaso, relevancia meramente administrativa y/o civil". A esta decisión se unió el Ministerio Fiscal.
¿Influyeron las relaciones personales en la adjudicación?
La Audiencia Provincial, en cambio, echó por tierra los argumentos del Juzgado de Instrucción y revocó esta decisión. Así, una vez examinado el expediente administrativo llevado a cabo por el consejo insular en 2020, constató que, "a diferencia de otros contratos realizados en análogas condiciones con otras empresas", "no consta ese control respecto de Fuera de Escena SL".
Ante la adjudicación del contrato a dicha empresa "sin seguir los trámites esenciales del procedimiento administrativo, nos hallamos ante indicios suficientes para que la causa deba continuar". "Finalmente, si las relaciones personales existentes entre el Vicente Marí y las personas que formaron parte de Fuera de Escena SL tuvieron o no relación directa con la adjudicación del contrato, será una cuestión a dilucidar en el seno del juicio oral", argumentaron los magistrados de la Sección Primera.
En cuanto a las presuntas coacciones y lesiones psicológicas contra la interventora, la Audiencia Provincial señala que tampoco pueden archivarse. "No contamos únicamente con la declaración de la Sra. Tur, sino que ésta viene apoyada en informes médicos y ciertas conversaciones y mensajes, cuya valoración tiene su sede natural en el acto del plenario".
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Una contratación "sin controles" y presuntas coacciones
De acuerdo con el auto posterior en el que se transforman en procedimiento abreviado las diligencias abiertas en 2022, el juez instructor expone que el órgano de contratación "no estableció suficientes controles" sobre la oferta económica, los presupuestos aportados, la acreditación de la solvencia técnica y económica, "pudiendo Fuera de Escena Ibiza, SL aprovecharse de las relaciones personales que la Sra. Miriam Juan Sánchez tenía con las máximas autoridades del CIE para lograr la adjudicación".
Por otro lado, subraya que, desde finales de 2019, el presidente del Consell "pudo poner dificultades" para que María Ana Tur fuera nombrada al puesto de interventora que había quedado vacante y al que ella aspiraba. También, "pudo pronunciar frases en conversaciones, reuniones con más personas o a solas, en mensajes y en un Pleno de 25 septiembre de 2022 que pudieron coartar la libertad de la Sra. Maria Ana Tur Díaz y le generaran malestar psicológico", recoge el auto.
El motivo, según la resolución, fueron las discrepancias expresadas por la interventora sobre la elaboración del Informe de Intervención del Presupuesto del Consell de 2020 y la legalidad de tramitar el contrato de publicidad en la pandemia mediante la tramitación de emergencia.
A pesar de que el caso está a un paso de saltar a la siguiente fase, la del juicio oral, desde el PP balear destacan la petición de archivo por parte del Ministerio Público, además de la decisión inicial del juez de dar carpetazo al asunto. En unas declaraciones a Público, fuentes populares subrayan que el presidente del Consell "seguirá colaborando para aclarar cualquier cuestión que requiera la Justicia".
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