La pareja de Ayuso usa la condena a García Ortiz para intentar anular su causa por fraude fiscal

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado en su escrito de defensa ante el juicio por presunto fraude a Hacienda, que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz vulneró sus derechos a un proceso justo. 

Ha asegurado, además, que no existe deuda tributaria alguna en los ejercicios fiscales de los años 2020 y 2021, y que las facturas que presentó son reales y no falsas. 

No obstante, conviene recordar que, con anterioridad a esta línea de defensa, el abogado de González Amador ya había explorado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el que admitía la comisión de un delito de fraude fiscal. 

González Amador se enfrenta a la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de penas de tres años y nueve meses de cárcel y una multa de 448.927 euros por los delitos de fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

Por su parte, los abogados de González Amador sostienen en su defensa que el entonces fiscal general del Estado, García Ortiz, vulneró sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia en el marco de este procedimiento. En consecuencia, Ortiz fue condenado por ello a dos años de inhabilitación para el cargo y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados.

"El procedimiento que nos ocupa constituye, desde antes de existir y durante todo su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo", sostiene la defensa del acusado.

Con ese argumento, la pareja de Ayuso trata de apoyarse en la sentencia contra el exfiscal general para desacreditar la validez de la causa y anular su expediente por fraude. 

En concreto, alegan "la perversión de los mecanismos garantes de la legalidad", como evidencia la condena por el Supremo a García Ortiz. Además, González Amador declara en su escrito que sus derechos fundamentales han sido lesionados "por todos los miembros y autoridades del Poder Ejecutivo de forma continuada", entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declaró que la presidenta madrileña "es pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda" y "que ha cometido un delito fiscal". 

El pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid avaló el procesamiento de González Amador en esta causa junto a otros cuatro empresarios por defraudar 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas. 

Los tres empresarios del municipio sevillano de Arahal  también han negado las acusaciones, siguiendo la misma estrategia que la pareja de Ayuso, y han pedido la nulidad de la causa tras la condena de García Ortiz.

Los hermanos José Miguel y Agustín Carrillo Saborido, y David Herrera Lobato están acusados de un delito contra la Hacienda Pública en conexión con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular; un delito continuado contable y un delito de pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía pide para ellos dos años de cárcel. Por otro lado, un cuarto empresario, Maximiliano Niederer González, completa la lista de los imputados.