Las declaraciones como imputados de ex altos cargos de Ayuso por el 'caso residencias' se suspenden en un segundo Juzgado

A la segunda tampoco fue la vencida. Los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que debían declarar por el caso residencias el próximo 17 de junio no tendrán que hacerlo, después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés acordase inhibirse en favor del Juzgado 3 de Madrid y suspender en consecuencia sus comparecencias. Precisamente, en el Juzgado 3 de Madrid estaban citados para declarar los ex altos cargos el 26 de mayo, pero sus declaraciones se suspendieron después de que sus abogados alegasen que no les había dado traslado de las actuaciones.

La decisión del Juzgado 6 de Leganés fue adoptada después de que solicitase su inhibición el abogado de Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los tres ex altos cargos imputados y considerado el ideólogo del conocido como Protocolo de la vergüenza, que bloqueó el traslado a los hospitales de miles de residentes enfermos. Los otros dos ex altos cargos que estaban citados a declarar el 17 de junio son Carlos Mur, el firmante de las cuatro versiones que tuvo la directriz, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable de gestionar las ambulancias públicas. También está imputada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

El Juzgado 6 de Leganés se inhibe al entender que el Juzgado 3 de Madrid está "investigando con anterioridad los mismos hechos". Ahora, el Juzgado 3 de Madrid deberá decidir si acepta la acumulación de todas las causas que le puedan llegar por los hechos ocurridos durante la primera ola de la pandemia, cuando 7.291 personas fallecieron en las residencias donde vivían sin ser trasladadas a un hospital.

Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia indicaron que el mismo Juzgado de Leganés se inhibió "en otras dos causas en favor del Juzgado 3 de Madrid"

Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, las dos entidades de familiares de residentes que coordinan la denuncia colectiva y las querellas presentadas, indicaron a través de un comunicado de prensa que ese mismo Juzgado 6 de Leganés se inhibió además "en otras dos causas en favor del Juzgado 3 de Madrid. En ambos procedimientos, decidió incoar diligencias previas, al entender que los hechos descritos hacen presumir la existencia de una infracción penal, pero en la misma resolución acordó inhibirse en favor del Juzgado 3 de Madrid".

Las acusaciones aceptan la acumulación

En los cuatro procedimientos conocidos hasta ahora –los tres abiertos en Leganés y el que instruye el Juzgado 3 de Madrid– los denunciantes acusan a los ex altos cargos de Ayuso de la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia.

Los abogados de Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia no se opondrán a la acumulación de los procedimientos en el Juzgado 3 de Madrid, "al entender que efectivamente es lo que procede de acuerdo con la normativa procesal penal", indicaron ambas entidades. "Eso sí, pedimos a las autoridades que pongan todos los medios humanos y materiales necesarios a disposición del Juzgado 3 de Madrid para que pueda hacer justicia después de más de cinco años de espera", añadieron.

El giro judicial amenaza al Gobierno de Ayuso

En apenas dos semanas, el guion judicial ha dado un vuelco. Las denuncias de familiares por un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria han colocado, por primera vez, bajo el foco a las decisiones adoptadas por el Gobierno de Ayuso durante la pandemia. En mayo de 2020, con el estado de alarma aún en vigor, comenzaron a llegar las primeras querellas: sumaron 293 y se distribuyeron entre juzgados de toda la Comunidad de Madrid.

En las primeras querellas, los denunciantes apuntaban a la presidenta madrileña y a los entonces consejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente, así como a varios directores de residencias. Se les acusaba de delitos como homicidio involuntario, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato vejatorio. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, el foco se ha desplazado: ahora los señalados son tres altos cargos del Ejecutivo regional —Mur de Víu y Martínez Peromingo y Busca, además de los geriatras de enlace designados durante la pandemia. El delito que se les atribuye en esta nueva etapa judicial es discriminación en la prestación de asistencia sanitaria.

Alberto Reyero: "Que personas con discapacidad y dependencia no recibieran atención sanitaria me parece una discriminación evidente"

Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia señaló en una entrevista con Público que el giro judicial es "clave", ya que, en su opinión, "el problema está en las personas que diseñaron unos protocolos que, en la práctica, provocaron discriminación". Según su valoración, "independientemente del resultado", en delitos como el homicidio imprudente o la omisión del deber de socorro "es complicado establecer un nexo causal directo entre la decisión y la muerte". Sin embargo, enfatiza que en este caso "estamos ante una discriminación clara". "Que personas con discapacidad y dependencia no recibieran atención sanitaria me parece una discriminación evidente", zanja.

Ayuso sigue negando la existencia de los protocolos

A pesar de que han pasado ya cinco años desde el estallido de la pandemia y de que las familias de las víctimas continúan reclamando verdad, justicia y reparación, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue negando la existencia de los protocolos de la vergüenza. Incluso después de que la justicia haya imputado a los dos ex altos cargos de su Ejecutivo, Ayuso ha tildado la causa de "una operación de Estado".

"Nunca se aplicaron y nunca fue una orden de este Gobierno", afirmó. Además, aludió a una motivación política detrás del caso judicial: "Esto fue un tema que se archivó hace tres años, que ahora reabre la Fiscalía provincial, que jerárquicamente depende del señor que ha emprendido una operación de Estado contra mí, como todo el mundo sabe, y que este señor depende del presidente del Gobierno". 

Además, Ayuso ha afirmado públicamente que su Gobierno ha mostrado disposición a colaborar con las familias y asociaciones de víctimas. "A lo largo de los años les hemos trasladado nuestra más absoluta colaboración y les hemos invitado a venir a ver todo lo que les inquiete, y seguimos reiterando ese ofrecimiento", declaró recientemente. Sin embargo, esa afirmación ha sido desmentida en varias ocasiones por las propias familias, que han asegurado a Público que nunca han recibido ninguna invitación oficial ni propuesta de diálogo por parte del Ejecutivo madrileño. 

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra la actitud de la presidenta madrileña ante las investigaciones por las muertes en residencias durante la pandemia. "Para Ayuso, la única víctima es ella misma. No los 7.291 mayores abandonados", ha denunciado. La ministra también ha criticado la estrategia discursiva de Ayuso, marcada −según ella− por la victimización y el desprecio al escrutinio público: "Una cosa es jactarse de decir 'me gusta la fruta' y otra muy distinta es que alguien se atreva a no rendirle pleitesía ni tragarse sus mentiras".