La defensa del 'caso Mascarillas' aporta pruebas de que el Ayuntamiento no se sintió estafado y el fiscal la cuestiona

El juicio contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el presunto fraude en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid ha comenzado en la Audiencia Provincial. En la primera sesión, las defensas de los acusados han presentado nuevas pruebas con el objetivo de demostrar que el consistorio no se sintió estafado en ningún momento.

La causa investiga el sobreprecio de mascarillas y guantes adquiridos en plena pandemia, operación por la cual Medina y Luceño obtuvieron comisiones millonarias. Según la Fiscalía Anticorrupción, los acusados inflaron los precios hasta duplicarlos, lo que supuso un coste total de 11 millones de euros para las arcas públicas.

Se prevé que el juicio tenga una duración de siete sesiones

Ambos empresarios han llegado a la sede judicial con actitud relajada, sin hacer declaraciones a los medios y conversando distendidamente en el interior. Se prevé que el juicio tenga una duración de siete sesiones en las que se analizará si los acusados cometieron delitos de estafa y falsedad documental.

En el inicio de la vista, el abogado de Luis Medina, José Antonio Choclán, ha presentado un escrito con la transcripción de audios de 2020 entre su cliente y la excoordinadora de Presupuestos del Ayuntamiento, Elena Collado. Según la defensa, estas grabaciones demostrarían que Medina informó al consistorio del precio real de los productos, fijado en dos euros por unidad.

El fiscal se opone a incluir esta prueba porque no existen garantías de que sea auténtica

El fiscal ha mostrado su oposición a la incorporación de esta prueba, alegando que no existen garantías sobre su autenticidad y cuestionando la tardanza en su presentación. En caso de ser admitida, ha solicitado que Collado aporte los mensajes originales para verificar su contenido.

Felicitaciones desde el Ayuntamiento

Por su parte, el abogado de Alberto Luceño ha solicitado que se incluyan en el juicio mensajes y audios en los que la Alcaldía felicitaba a su cliente y a Medina por la operación. Para la defensa, estos documentos evidencian que el Ayuntamiento no se sintió perjudicado por la compra.

Además, ha reclamado que el proveedor malayo San Chin Choon, responsable de suministrar el material sanitario, pueda declarar desde la Embajada de España en Malasia. El letrado ha criticado que el juzgado instructor no haya intentado obtener su testimonio anteriormente.

Durante la fase de instrucción, San Chin Choon alegó motivos laborales para no desplazarse a España, y la Fiscalía ha defendido que se realizaron todas las gestiones posibles para conseguir su declaración.

Otra de las peticiones de la defensa ha sido la nulidad del auto que autorizó el registro de la vivienda de Luceño en septiembre de 2022. El letrado considera que esta medida vulneró los derechos de su cliente y ha calificado la instrucción del caso como una "investigación desproporcionada".

El PSOE pide la declaración de Almeida

El abogado del PSOE, que ejerce la acusación particular, ha solicitado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Economía, Engracia Hidalgo, testifiquen en el juicio. Según el letrado, su declaración es clave para determinar el alcance de la presunta estafa y las gestiones del Ayuntamiento con las autoridades de Malasia.

El fiscal se ha opuesto a esta petición, argumentando que Almeida no participó en las negociaciones y que su carta de recomendación no implicó ningún engaño. También ha rechazado la comparecencia de Hidalgo por considerar que su testimonio no aportaría información relevante al caso.

Según la Fiscalía, Alberto Luceño obtuvo cinco millones de euros en comisiones, dinero con el que adquirió una vivienda, coches de lujo y relojes de alta gama. Luis Medina, por su parte, ganó un millón de euros, que utilizó para la compra de un yate.

El juez Adolfo Carretero ha procesado a Luceño por delitos continuados de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial. En el caso de Medina, enfrenta acusaciones por estafa agravada y falsedad documental.

El fiscal Luis Rodríguez Sol ha solicitado penas de 15 años de prisión para Luceño y nueve años para Medina. También ha reclamado multas de cinco millones de euros para Luceño y 450.000 euros para Medina, además de una indemnización de casi ocho millones de euros al Ayuntamiento de Madrid.

Además de las multas e indemnizaciones, el fiscal ha pedido que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria con 1,35 millones de euros si se determina que sus comisiones debieron tributar.

También ha solicitado el decomiso de los bienes embargados a ambos acusados, incluyendo el yate y los vehículos de lujo, hasta alcanzar una cantidad de 4,6 millones en el caso de Luceño y 912.700 euros en el de Medina.

En su escrito de acusación, el fiscal ha subrayado que los empresarios se aprovecharon de la crisis sanitaria para enriquecerse. "Su intención fue lucrarse exageradamente a costa de la emergencia, vendiendo productos a precios desorbitados mediante comisiones ocultas", concluye el documento.