La difícil misión de remediar en seis meses el problema crónico de los interinos públicos

La Comisión Europea ha decidido suspender el desembolso de 626 millones de euros de los fondos europeos NextGen al Estado español por incumplir uno de los hitos clave del Plan de Recuperación tras la pandemia: disponer de una ley que contenga sanciones efectivas contra el abuso de la temporalidad en el empleo público, al considerar el Ejecutivo comunitario que la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público no es una herramienta efectiva.

Esta decisión de la Comisión Europea, adoptada el 7 de julio pasado, supone la primera penalización económica formal a España por el abuso sistemático de la temporalidad en el empleo público.

El problema está enquistado en España. El Ministerio de Función Pública, a través del Boletín Estadístico de Personal (BEPSAP), reconoce 979.409 personas afectadas, de las cuales 698.767 son funcionarias interinas (no tienen reconocida la plaza fija) y 280.642 son laborales temporales (personal contratado por las administraciones públicas de manera temporal).

En 2014 la Comisión Europea abrió a España dos procedimientos de infracción por el incumplimiento de la Directiva Europea de empleo temporal [1999/70/CE]: el 2014/4224 [INFR(2014)4224] en cuanto a discriminación con los trabajadores fijos, y el 2014/4334 [INFR(2014)4334], por abuso de los interinos. 

A raíz de la aprobación en 2021 de la ley antes mencionada (20/2021), la Comisión Europea dio por cumplido el compromiso español de sancionar el abuso de la temporalidad. Sin embargo, las resoluciones posteriores del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), dando respuesta a denuncias concretas de trabajadores españoles afectados que denunciaban el abuso y también que las compensaciones al cesar en los puestos eran exiguas, provocó la rectificación de la Comisión Europea y la congelación de 626 millones de euros como sanción.

Una nueva oportunidad

Pero no son fondos perdidos, aún no. El Gobierno tiene seis meses de plazo para enmendar el problema, un plazo que se antoja muy breve para solucionar el aciago panorama. Lo que exige Europa para dar por cumplido el hito 144 del Plan de Recuperación  — un plan que ha desembolsado de las arcas comunitarias una de las mayores bolsas de fondos de la historia para los Estados miembros—  y entregar a España esos millones es que el Estado español disponga de una norma capaz de reducir la tasa de temporalidad en el empleo público (ahora ronda el 30% aunque el Gobierno reconoce como estructural un 17%) y sancionar a las administraciones y gestores públicos que fomenten dicha interinidad.

El plan del Gobierno

Y precisamente una de las medidas en las que trabaja el Gobierno va en esa línea, la de aumentar las sanciones. Fuentes del Ministerio de Función Pública señalan el proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal -que ha provocado la huelga de jueces y fiscales- y el de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que se están tramitando, como el núcleo central de las reformas con las que el Gobierno quiere levantar la multa de 626 millones.

El proceso de estabilización previsto en la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, pensado para los 1.300 jueces y fiscales interinos, convocará 1.004 nuevas plazas. 

Fuentes del Ministerio de Función Pública descartan aumentar las indemnizaciones por cese para el personal interino que acabe despedido, una de las quejas clásicas de estas personas trabajadoras. En lugar de ello, plantea reformas legales "a futuro", centradas en restringir los motivos de contratación temporal y en introducir sanciones internas para los responsables de recursos humanos en las administraciones públicas que perpetúen esta práctica. Una medida que es aplaudida por algunos sindicatos, principalmente CSIF. Mientras que desde FETAP-CGT se considera como "imposibles de aplicar, en el sentido de que la Administración Pública no se ha sancionado nunca a sí misma ni lo hará", dicen fuentes de la central sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Demanda de 400 interinos

Desde la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) se aventura que las medidas que plantea el Gobierno no van a surtir efecto y "menos en seis meses". De hecho, creen que la sanción a España puede suponer un revulsivo para "atajar el problema de raíz y de una vez por todas". En este sentido, fuentes de la central sindical adelantan a Público que han presentado una demanda ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra la propia Comisión Europea por haber incurrido en una omisión ilegal de actuación, "al no haber adoptado medidas concretas y efectivas frente a los reiterados incumplimientos por parte del Estado español de la Directiva 1999/70/CE (de empleo temporal) y del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada".

El TGUE, con sede en Luxemburgo, es el tribunal competente para conocer en primera instancia de determinados recursos directos interpuestos por personas físicas y jurídicas y de los Estados miembros contra decisiones de la Comisión. Esta vía admite recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que es el tribunal de instancia superior.

Dicen fuentes jurídicas del sindicato que "pese a las denuncias, informes oficiales y pronunciamientos reiterados del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión ha evitado durante años iniciar un procedimiento de infracción efectivo ni adoptar decisiones frente a lo que FETAP-CGT califica de "práctica estructural y sistémica de abuso en la contratación temporal en el sector público español".

La central sindical, que acusa a la Comisión de "haber mantenido una actitud pasiva que consiente la continuidad del abuso", indica que actúa en nombre de más de 400 trabajadoras y trabajadores temporales del sector público de la Administración local, autonómica y general del Estado, con representación en Catalunya, Aragón, País Valencià, Castilla y León y Madrid.

La demanda o recurso recoge la situación que esta supuesta dejadez del Ejecutivo comunitario ha provocado en cientos de extrabajadores españoles del sector público, que han sido excluidos de "toda solución reparadora", al haber sido cesados en procesos de estabilización que "vulneran el principio de equivalencia y efectividad, al no diferenciar entre víctimas del abuso y nuevos aspirantes externos". 

El recurso pretende que el TGUE declare la existencia de la omisión y obligue a la Comisión "a iniciar sin más dilación un procedimiento de infracción formal contra el Reino de España, al amparo del artículo 258 del TFUE (Tratado Fundacional de la UE)", dicen fuentes jurídicas de la CGT.

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De estimar el recurso de FETAP-CGT, el TGUE solo declarará la omisión cometida por la Comisión Europea, pero no le impondrá sanciones ni medidas concretas, pero la Comisión estaría obligada a actuar. 

En caso de que el Gobierno de la UE incumpliera la sentencia, "podría generarse un nuevo litigio por inejecución (artículo 265 y/o 266 TFUE), ya que la sentencia refuerza la posición de sindicatos, asociaciones y afectados, que podrán exigir la apertura de expedientes de infracción y presionar a nivel interno y europeo", dice el sindicato.