Dos inspectoras de la Agencia Tributaria han certificado ante la jueza Inmaculada Iglesias los gastos ficticios detectados en una inspección fiscal a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, acusado de dos delitos de fraude fiscal contra la Hacienda Pública.

En concreto, la jueza ha interrogado este viernes a dos inspectoras que elaboraron los informes tributarios que determinaron el fraude fiscal que se atribuye al novio de Ayuso y a otros cuatro investigados. El informe de la Agencia Tributaria exponía que a González Amador se le detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

La comparecencia de las dos inspectoras de Hacienda tiene lugar después de que el pasado 24 de febrero el novio de la presidenta madrileña se negara a declarar ante la magistrada que investiga el caso.

En las comparecencias, que se han prolongado durante varias horas, las dos inspectoras han ratificado los informes y han contestando a las preguntas de todas las partes, según fuentes jurídicas.

Durante el interrogatorio, la defensa ha mostrado sus discrepancias "técnicas" y "fácticas" frente al contenido de los informes. 

Delitos fiscales

La instrucción se centra en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden supuestamente con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros".

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".