Este martes arranca el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal.

La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial.

Las organizaciones convocantes son la Asociación Profesional de Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del CGPJ  como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía" de los fiscales, y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

Críticas "infundadas"

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende sin embargo que "ni una sola línea" de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de "infundadas" las críticas de las asociaciones contra estas leyes.

Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre su legalidad, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.

Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos.

Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.

Sin servicios mínimos

También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos".

A pesar de este pronunciamiento, las asociaciones han decidido continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideran que se trata de "una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales".

Mantienen que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, que no cabe interpretación restrictiva, que "de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión".

Alegan, además, que tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa.

Por otra, parte indican que "ante la falta de fijación de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado" el comité de huelga ha establecido unos criterios "para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga".