Las empresas del 'caso Montoro' se ahorraron casi mil millones desde 2014 gracias a los beneficios fiscales arrancados a Hacienda

Las empresas implicadas en el caso Montoro han podido ahorrarse entre 50 y 136 millones de euros al año con las reformas legislativas que impulsó Equipo Económico y materializó luego el Ministerio de Hacienda, según consta en documentos de la investigación judicial a los que ha tenido acceso Público. La Agencia Tributaria es quien da la primera cifra. La segunda la estiman desde OFICEMEN, la patronal de los fabricantes de cemento artificial en España. Si se coge una cifra media entre ambas cantidades estaríamos hablando de 93 millones, lo que supone una suma total de 930 millones desde la aprobación de la norma, 930 millones que habrían dejado de aportar las empresas beneficiarias al erario público sólo en lo relativo al Impuesto Eléctrico. La trama también logró reformar, años después, el Impuesto de Actividades Económicas. Todo ello coincide, además, con la drástica política de recortes en sanidad o educación que se llevó a cabo durante la misma legislatura el Ejecutivo de Mariano Rajoy, junto a un alza generalizada de impuestos para la mayoría de los ciudadanos.

"Os remito un informe sobre la posibilidad de establecer una exención en el Impuesto sobre la Electricidad para las industrias de consumo intensivo. (...) En principio nos hemos inclinado por una exención del 85% y por unos sectores a exonerar, prácticamente coincidentes con los que se contemplan en la norma alemana. (...) De números no decimos nada, pero en el documento de OFICEMEN se habla de un coste de 136 millones". Esta estimación sale de uno de los correos electrónicos que Diego Martín-Abril Calvo, entonces director general de Tributos, envía al secretario de Estado de Hacienda y a su director de gabinete en agosto de 2013. Las gasistas empezaron a organizarse como "grupo de presión" y contrataron los servicios del despacho que fundó Montoro precisamente en la segunda mitad de ese mismo año, tal y como prueban las conversaciones vía mail incautadas por los Mossos. Los cambios habrían beneficiado a otros sectores además del gasista y el del cemento.

El sumario incluye un segundo correo de Diego Martín-Abril Calvo en el que reconoce que "la estimación [del ahorro para las empresas]" que hace "la Agencia Tributaria es bastante más baja que la de OFICEMEN". En concreto, tal y como apunta en otro mail el director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, "la AEAT estima en menos de 50 millones la exención parcial del Impuesto Especial sobre la Electricidad". Esta cadena de comunicaciones "revela la existencia de estudios de impacto recaudatorio de los beneficios fiscales derivados de la reforma" legislativa que motiva la investigación judicial, según recoge el titular del Juzgado de Instrucción de Tarragona. 

La Dirección General de Tributos y la Secretaría de Estado de Hacienda se refieren en sus mensajes a la "norma alemana" habida cuenta de que corren el riesgo de recibir un "procedimiento de infracción" si no cuentan con un "pronunciamiento favorable" de Bruselas, en palabras del gabinete del secretario de Estado. El Consejo de la Unión Europea trabajaba en aquel momento en una propuesta que "contemplaba la necesidad de eliminar la exención impositiva a las empresas cuyo consumo eléctrico representase más del 50% del coste del producto", límite que superarían todas las implicadas, para reducir las emisiones y cumplir así con el Protocolo de Kioto.

La causa judicial incorpora también un correo de María Pía Junquera Temprano, subdirectora general de coordinación administrativa y relaciones institucionales en el departamento de Montoro, donde se menciona el posible "impacto presupuestario de la modificación de la LIE de 2013". Junquera informa en el mensaje de lo acordado en una "reunión de coordinación de gabinetes" y plantea la "posibilidad de diferirlo [el impacto de la reforma en el déficit] para que (...) sea sólo el año que viene", es decir, para retrasar su posible incidencia. El correo tiene como remitentes a María Teresa Santolaria Solano y Pilar Platero Sanz. Las dos ocupaban altos cargos en el Ministerio de Hacienda. Platero, además, había sido socia de Equipo Económico entre 2009 y 2011.

Feijóo protestó por la merma recaudatoria desde Galicia

La investigación apunta también a que "la toma de decisión estratégica respecto a la tramitación de la norma" fue responsabilidad del propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "apoyado en su secretario de Estado", pero ignorando al grueso de los departamentos de su equipo. "Llama la atención la decisión de no remitir el texto legal al resto de Secretarías de Estado, no localizándose el visto bueno de estas en los expedientes facilitados", se indica en la causa. La única excepción la representa un informe de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, donde se advierte "expresamente del impacto recaudatorio para las CCAA". El Impuesto Eléctrico está gestionado por los gobiernos autonómicos, que lo utilizan para financiar los servicios públicos en sus respectivas regiones. 

"La regulación de estos impuestos, en la medida que afecta a títulos cedidos por el Estado a las CCAA, podría tener incidencia sobre los recursos tributarios de las mismas (...), pudiendo dar lugar a reclamaciones basadas en el principio de lealtad institucional", señala el organismo en su informe, presentado en junio de 2014. La instrucción destaca el "criterio" desfavorable de varias comunidades respecto a la modificación legal propuesta por el Ministerio de Hacienda para favorecer a las empresas investigadas en el caso Montoro. La Xunta de Galicia, por aquel entonces en manos de Alberto Núñez Feijóo, fue una de las primeras que puso pegas al anteproyecto legislativo. "La CCAA de Galicia en sus observaciones (...) advierte de la disminución del rendimiento cedido a las CCAA" y considera que los cambios pueden provocar "la ampliación del número de sujetos que podrán beneficiarse de la reducción (...) del IEE [Impuesto Eléctrico]", se lee en el documento, al que ha tenido acceso Público. 

Castilla y León, también gobernada por el PP, se pronunció "en el mismo sentido" y pidió recibir una "memoria de impacto económico con los ingresos y gastos" que la "modificación legal" podía suponer en las cuentas autonómicas. Asturias, ya entonces en manos del PSOE, solicitó por carta la aplicación del "principio de lealtad institucional", tal y como preveía en su informe la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. El Gobierno del Principado también denunció que eran "precisamente las comunidades autónomas quienes" prestaban "el servicio público sanitario" y consumían los productos afectados, "por tanto, serían las arcas autonómicas las que soportarían un mayor gasto derivado de la presente modificación en materia de tipos impositivos", aspecto que, pedían desde el Ejecutivo autonómico, fuese "tenido en cuenta".

Catalunya, por su parte, presentó "idénticas observaciones" y pidió más "información" sobre el "impacto" de los retoques normativos en "los ingresos" de su erario público. "En el marco del principio de lealtad institucional, y al objeto de cuantificar la reducción de ingresos tributarios que supondrá para la Generalitat de Catalunya la norma que se comenta, interesa conocer el estudio de impacto económico que se haya elaborado al efecto", exigieron en julio de 2014 desde la Direcció General de Tributs i Joc.

Estas alegaciones y la estimación de las pérdidas recaudatorias que se debate en los correos incautados sólo afectan al Impuesto Especial sobre la Electricidad. Para saber el impacto total que han tenido las reformas legislativas impulsadas por las empresas que pagaban a Equipo Económico sería necesario añadir el resultado de la bonificación en el Impuesto de Actividades Económicas. En los documentos a los que ha tenido acceso este periódico no consta un cálculo sobre este último tributo.