Imputan a un alto cargo de Salud de Andalucía en Cádiz por presunto fraccionamiento de contratos

La jueza que instruye la causa sobre posibles irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz ha llamado a declarar en calidad de investigado a Demetrio González Mera, quien ocupaba el cargo de director económico central de compras del SAS en ese territorio. La citación está fijada para el próximo 28 de abril a las 9.30 horas, según se recoge en una resolución judicial fechada el pasado 4 de abril.

La magistrada ha modificado su decisión inicial de tomar declaración a González como testigo, y ahora lo cita como investigado. Esto implica una posible vinculación directa con los hechos denunciados. El cambio se produce tras las declaraciones prestadas días atrás por dos interventores de la Junta de Andalucía, José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, quienes comparecieron ante la jueza como testigos.

La causa, abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, gira en torno a supuestos contratos adjudicados por el SAS mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia, lo que, según la denuncia presentada por Podemos, podría haber encubierto un fraccionamiento indebido en la contratación pública. La suma investigada ascendería a más de 230 millones de euros.

Durante la misma semana también comparecieron ante la magistrada dos jefas de servicio, Beatriz Talló y María Jesús Correro, quienes habrían estado implicadas en la tramitación administrativa de dichos contratos. Sus testimonios, junto con los informes de intervención, han motivado que se eleve el nivel de la investigación con la citación como investigado del exresponsable de compras.

Paralelamente, otro procedimiento judicial relacionado con presuntas irregularidades en el SAS avanza en Sevilla. Allí, el Juzgado de Instrucción número 13 mantiene abierta una investigación por la gestión de contratos entre 2021 y 2024. En este caso, figuran como investigados la actual directora gerente del organismo, Valle García, y dos de sus antecesores: Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Ambas causas comparten como eje común el uso presuntamente inadecuado del procedimiento de emergencia para adjudicar contratos durante y después de la crisis sanitaria de la covid-19. Las investigaciones se centran ahora en determinar si este mecanismo fue utilizado para eludir controles y repartir contratos de forma irregular, lo que podría constituir delitos de malversación o prevaricación administrativa.

La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por Podemos. Esta se basó en informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que revelaban un "fraccionamiento indebido de miles de contratos menores" en varias provincias andaluzas. Estos contratos, adjudicados entre enero y diciembre de 2021, habrían permitido esquivar los requisitos de publicidad y libre concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, facilitando contrataciones "a dedo".

El informe detallaba que, además de Cádiz, se detectaron irregularidades en Huelva, Jaén y Córdoba. En Huelva se adjudicaron de esta manera 91,9 millones de euros (el 46,49% del total de contrataciones del SAS en la provincia), en Jaén 69,8 millones (33,2%), en Córdoba 61 millones (21,9%) y en Cádiz 235,4 millones, lo que representa el 23,2% de las contrataciones totales del SAS en la provincia.