IU y el PCE se querellan contra las autoridades israelíes por el asalto a la última flotilla
El escrito ha sido presentado este jueves ante el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Se querellan por los delitos de detención ilegal, piratería, tortura, y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y genocidio.

Madrid--Actualizado a
IU y el PCE han presentado una querella este jueves ante el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional contra las autoridades israelíes por el asalto a la Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Los querellantes sostienen que los hechos ocurridos a raíz de que las tropas israelíes interceptaran los barcos de la última flotilla podrían ser constitutivos de los delitos de detención ilegal, piratería, tortura, y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y genocidio.
La querella, anunciada en el Congreso por parte de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, y Enrique Santiago, responsable federal de Justicia e Interior de IU y portavoz parlamentario de esta formación en el Congreso, se dirige contra las autoridades que intervinieron en estos hechos.
Se trata de Ramatcal Eyal Zamires, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes; Ram Rotberg, almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel en la actualidad, máximo responsable de las tropas que asaltaron los barcos; Yosef Knipes, máxima autoridad de la prisión Ketziot, el general de brigada, del Sistema Penitenciario de Israel, "responsable no solo de las comisiones de delitos de torturas sistematizadas durante la detención ilegal sino de la ausencia de investigación alguna"; y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del que depende el Servicio Penitenciario de Israel (SPI).
Asimismo, los querellantes hacen extensiva la querella contra "cuantos otros que pudieran aparecer como responsables de los hechos de la presente querella durante la instrucción, en especial los responsables políticos, policiales o militares que más adelante se puedan determinar una vez se avance en la investigación".
Enrique Santiago ha puesto el foco en el que la Audiencia Nacional tiene muy difícil no abrir una investigación, ya que estos acontecimientos afectan a ciudadanos que navegaban en barcos con bandera española en aguas internacionales. "No queda ninguna duda jurídica", ha emplazado el también dirigente del PCE.
Descripción de los hechos constitutivos de varios delitos
En el texto legal, las formaciones progresistas recuerdan que decenas de personas con nacionalidad española formaban parte de la denominada como Global Sumud Flotilla, y se encontraban embarcados en distintos buques, "numerosos de los mismos de bandera y bajo pabellón y jurisdicción española" en el momento en el que el Ejército israelí interceptó la flotilla el pasado 1 de octubre.
"Tropas del estado de Israel han abordado por la fuerza y contra la voluntad de las capitanías y dotaciones de las embarcaciones y por la fuerza tomando el control de las mismas, destruyendo numerosos objetos entre otros los de grabación y emisión de imágenes y sonido y que podían comunicar con las poblaciones civiles de otros estados y con los medios de comunicación, arriaron pabellones y tomaron el control de las mismas".
Como consecuencia de esta acción, detuvieron ilegalmente a las personas que conformaban la dotación de las referidas embarcaciones y, en particular, a decenas de personas de nacionalidad española. Además, los querellantes destacan que se trataba de impedir la continuidad del "bloqueo y control de la entrada de material humanitario y ayuda humanitaria que desempeñan un papel fundamental en la creación de condiciones de vida dirigidas a la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza".
Por otro lado, resaltan que el asalto a los distintos buques se ha producido "contrariamente" a lo establecido en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, la cual dicta que todos los países ejercen su soberanía y jurisdicción en las 12 millas náuticas (aproximadamente 22 kilómetros) de zona marítima adyacente a su costa (ampliable a 24 millas en ciertos aspectos).
En este sentido, alegan que el asalto a la Flotilla Global Sumud se produjo "en alta mar, aguas internacionales, según las distintas embarcaciones y el tracking de las mismas, alrededor de entre unas 70 millas náuticas de la costa, no siendo aguas jurisdiccionales bajo jurisdicción y competencia del Estado de Israel y no pudiendo afectar una ilegal declaración de supuesta zona de exclusión que como potencia ocupante que se sitúa contra todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre los territorios ocupados y sobre la propia población y territorios palestinos, máxime como no se hace en beneficio de dicha población, sino contra la misma". En dicho sentido, sostiene que se ha pronunciado el propio TJUE en relación con las aguas pertenecientes al pueblo saharauhi.
En cuanto al abordaje de las embarcaciones, estas formaciones, que se presentan como acusación popular, subrayan la detención ilegal de las personas querellantes, la apropiación de los buques, la detención ilegal de quienes interponen la presente querella como personas físicas, torturas producidas de "forma sistemática y continuada una vez desembarcadas", la vulneración de asistencia humanitaria, y el ataque por tropas militares a población civil protegida en caso de conflicto armado. "Todo ello en el contexto de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio", remachan.
Además, se produjeron actuaciones como "visitas no deseadas" de autoridades israelíes ajenas a procedimiento alguno, "continuándose con las torturas y los malos tratos físicos y psíquicos, evidenciando la ausencia de cualquier derecho y de régimen jurídico alguno".
Los querellantes defienden que estos hechos concretos, más allá del conjunto de hechos que se están produciendo actualmente en Gaza, forman parte de los elementos básicos de "atacar a población civil, máxime que trata de llevar ayuda humanitaria, y que trata de impedir la vida de un grupo poblacional, en este caso el palestino, así como de impedir la vida de los familiares del denunciante, ante un bloqueo ilegal así considerado por la propia Corte Penal Internacional y que dura más allá de años, máxime tratándose de ayuda humanitaria".

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