El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos cometido al filtrar el correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como autor de dos delitos fiscales.

La decisión tiene lugar ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado octubre al ser el fiscal general aforado ante el Alto Tribunal. En un principio, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 para desmentir la información publicada por El Mundo, el día antes, que decía que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto al novio de Ayuso cuando había sido al contrario. 

Dice el juez Hurtado al principio de su auto, al que ha tenido acceso Público, que el correo electrónico que envió el letrado de Alberto González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos contenía "información sensible" y el fiscal general y la fiscal provincial jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, actuaron siguiendo "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Sin embargo, el auto no concreta después ninguna prueba de la existencia de esas supuestas indicaciones.

Dice el juez, con reproche incluido, que "con la finalidad de ganar el relato a esa información [la noticia de El Mundo] por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo".

El magistrado parte así de la premisa, no corroborada en la instrucción, de que el fiscal general y Pilar Rodríguez decidieron filtrar el correo en el que el novio de Ayuso reconocía, el 2 de febrero de 2024, haber defraudado 350.000 euros para aclarar de quién había partido el ofrecimiento de un pacto.

Según el juez, Pilar Rodríguez proporcionó la fiscal general el correo y él se lo proporcionó a un medio de comunicación. Como inicio del relato, el juez sitúa a Pilar Rodríguez pidiendo al fiscal encargado del caso, Julián Salto, "por encargo del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz", los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, "porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes".

La finalidad "era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico de Álvaro García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular, según él mismo le había indicado, como así hizo Pilar, efectivamente, para, a continuación, aquél, de acuerdo con la colaboración que ésta le prestó, acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena SER, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial contenido de ese correo", consta en el auto del juez Hurtado. 

La emisora publicó en su web, a las 23.51 horas del día 13 de marzo de 2024, la noticia con el titular "El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto de conformidad declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio". Ciertamente se desmentía así la información previa y falsa de El Mundo: "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales". 

Apunta a La Moncloa

El auto de procedimiento abreviado, que es el paso previo a la apertura de juicio oral, contiene una acusación expresa a la Presidencia del Gobierno en cuanto a que partió de Moncloa la orden de la filtración. Así, dice el juez: "Paralelamente, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024 [con la confesión], se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato Gandarias-Sánchez, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso", consta en el auto.

Hurtado invoca "datos objetivos que aporta el informe de la UCO", de 19 de diciembre de 2024, para afirmar que "después de que la SER revelara a las 23. 51 horas del día 13 el contenido del correo de 2 de febrero de 2024 y apuntase a la generación de la nota por la Fiscalía, y antes de que cualquier otro medio hiciera pública la imagen de ese email, Presidencia del Gobierno pudo disponer de él, al menos, a través de Pilar Sánchez Acera, con la finalidad de utilizarlo políticamente frente a la pareja del titular de esos datos personales y secretos, la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid".

Fuentes de la Fiscalía General del Estado informan de que García Ortiz, tras el auto del juez Hurtado, "se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma".