Una jueza de Badajoz corrige y amplía una denuncia de Manos Limpias contra Leire Díez

Lo que ha argumentado un juez de Badajoz para rechazar la investigación de una denuncia contra Leire Díez interpuesta por la organización ultra Hazte Oír, el pasado mes de junio, no le sirve a la titular de otro juzgado de instrucción pacense, que ha abierto diligencias previas contra la exmilitante del PSOE y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, apartado de la carrera judicial por una condena de violencia de género contra su exmujer.   

El juez decano de Badajoz, titular del Juzgado de Instrucción 2 de la localidad extremeña, Emilio García-Cancho Murillo, se inhibió, el 20 de junio pasado, al hacer suyos los argumentos de la Fiscalía respecto a que no era competente para investigar los delitos denunciados por Hazte Oír contra la exmilitante socialista Leire Díaz y contra Sáenz de Tejada y envió la denuncia a los juzgados de instrucción de Madrid, que aún no han resuelto ni sobre el reparto ni sobre la posible admisión a trámite. 

Sin embargo, ante una denuncia idéntica de Manos Limpias, otra jueza piensa que el asunto puede quedarse en Badajoz y prepara el terreno para ello. La jueza del Juzgado de Instrucción 4 de Badajoz, Marta Hernández Sánchez, no solo ha abierto diligencias, sino que ha corregido y ampliado la denuncia del pseudosindicato ultra contra Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el exjuez Sáenz de Tejada. 

Recortes de prensa

Manos Limpias ha denunciado a los tres anteriores por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y fraude procesal. Sostiene la organización liderada por Miguel Bernad, quien suscribe la denuncia, que ha tenido conocimiento "de dos audios emitidos por el medio digital Libertad digital, donde claramente se pone de manifiesto una confabulación de los denunciados para reventar y anular la instrucción", en relación a la investigación de la jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, sobre el hermano del presidente del Gobierno, al que, de hecho, ya ha procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la adjudicación de un puesto en la Diputación de Badajoz.   

Además, la denuncia aporta el artículo publicado en El Debate según el cual Leire Díez y Pérez Dolset habrían enviado a Badajoz a dos militantes del PSOE para recopilar información personal que afectara a la jueza Biedma. De nuevo, una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa de medios de la órbita ultra sirve para abrir una causa penal. 

Continúa la denuncia señalando que Leire, Dolset y el exjuez diseñaron "una estrategia consistente en que el denunciado magistrado intenta personarse en el referido proceso como acción popular, y habida cuenta de que el mismo manifiesta que siente una gran animadversión por la citada jueza, recusarla". 

El exmagistrado y actual abogado Luis José Sáenz de Tejada fue apartado de la Carrera Judicial tras una condena por violencia de género contra, precisamente, una jueza de Badajoz.

Sáenz de Tejada tiene un canal en Youtube donde arremete contra los jueces de la capital pacense por presuntamente haberse confabulado para ir en su contra, según él mismo sostiene. Supuestamente, según afirman las denuncias de Hazte Oír y Manos Limpias, este exjuez habría mantenido conversaciones telefónicas con Leire Díez y Pérez Dolset encaminadas a obtener por estos últimos información contra la jueza Beatriz Biedma con la intención, dicen los ultraderechistas, de "reventar" la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En efecto, Sáenz de Tejada intentó personarse en la causa del hermano del presidente del Gobierno pero no fue admitida su personación. 

Ahora, Manos Limpias utiliza esa personación abortada para acusar al exjuez de obstrucción a la justicia y fraude procesal. Pero a la jueza Marta Hernández le interesa más otro delito que no figura en la denuncia: el de descubrimiento y revelación de secretos. Y enmienda al líder de Manos Limpias, al corregirle sobre los presuntos ilícitos penales que los hechos denunciados pueden acarrear. 

Así, dice en su auto que los hechos denunciados y las pruebas aportadas (audios y noticias) "revisten prima facie caracteres de delitos de descubrimiento y revelación de secretos (...) y de  tráfico de influencias (...) de los que indiciariamente aparecen como presuntos responsables los denunciados Leire Díez y Luis José Sáenz de Tejada en cuanto que presuntos interlocutores en el audio (...) y además la primera, militante socialista, persona que supuestamente habría enviado a terceros a Badajoz para recopilar información privada sobre la instructora, según noticia igualmente acompañada". 

Ofrecimiento a Beatriz Biedma

La jueza Marta Hernández, al frente del juzgado de instrucción 4 [hay cuatro juzgados de instrucción en Badajoz], realiza un ofrecimiento a su compañera Beatriz Biedma que ha despertado las críticas de varios juristas consultados por este diario, en concreto por el siguiente tenor de la jueza:

"Sin embargo y aun revistiendo los hechos caracteres de delito teniendo la denuncia presentada valor como notitia criminis, lo cierto es que se evidencian en este momento inicial de la instrucción una serie de óbices procesales que es necesario subsanar. En concreto y respecto del delito de revelación de secretos por el presunto acceso y difusión en su perjuicio de datos personales afectante a su ámbito personal y familiar, dicho delito precisa para su persecución de denuncia de la persona agraviada (...) que en este caso sería la magistrada Beatriz Biedma a quien por tanto ha de hacérsele el oportuno ofrecimiento de acciones a efectos de que manifieste su voluntad de perseguir o no expresamente este delito". Y cita a la jueza el próximo 17 de julio para que dé su parecer.    

Los juristas consultados por Público creen que esta acción de ofrecer a la jueza la personación es "censurable". Uno de ellos, José Luis Mazón, experto en abusos judiciales, dice al respecto: "Considero denunciable la actuación del ofrecimiento de acciones a la víctima, mecanismo procesal que únicamente procede en delitos públicos —es decir, aquellos que no requieren denuncia del agraviado para su persecución—, con el fin de incitar a la magistrada supuesta víctima —quien además es experta en Derecho y conoce perfectamente sus derechos— a que formule una denuncia. Esta conducta constituye, en la práctica, una forma de "asesoramiento" prohibido por el régimen disciplinario del Poder Judicial, ya que implicaría una intervención activa de la instructora en favor de una de las partes, lo que podría vulnerar el deber de imparcialidad".

Otros juristas coinciden en esto último, al destacar del auto de Marta Hernández una "posible apariencia de irrespetuosidad con el principio de imparcialidad judicial".

En cuanto al delito de revelación de secretos, el auto de la instructora "se limita a una referencia vaga y genérica, sin concretar en ningún momento qué información constituiría un secreto ni cómo, cuándo o por quién habría sido revelada. Sorprende esa falta de precisión", indica Mazón.

Las fuentes jurídicas señalan que los jueces pueden recalificar los delitos de una denuncia o ampliarlos, pero "no es habitual" que impulsen una denuncia hacia otros extremos que poco tienen que ver con los inicialmente planteados y señalan al respecto el proceder del juez Peinado con el caso Begoña Gómez. Desde el TSJ de Extremadura responden que "no pueden señalar" si esa ampliación "es lo habitual o no".

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EFE

Unir al hermano de Sánchez con Leire Díez

Si bien el juez decano de Badajoz decidió inhibirse ante una denuncia que contenía los mismos hechos que la de Manos Limpias, la jueza Hernández parece dispuesta a quedarse con un procedimiento que uniría indefectiblemente la causa del hermano de Pedro Sánchez con Leire Díez para apuntalarla como 'fontanera' o enviada del PSOE, aunque tanto ella como el partido lo niegan.

Fuentes del TSJ de Extremadura indican a este medio que ahora la jueza tiene que dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si se ha de admitir la denuncia de Manos Limpias o no procede por no ser competente para ello los juzgados de Badajoz. En este sentido, respecto a la denuncia de Hazte Oír, el juez García-Cancho dijo que en el delito de revelación de secretos, "lo relevante a efectos de competencia es que se desconoce desde dónde pudiera haber remitido la información" el exjuez a Leire Díez; "en todo caso, no desde Badajoz, pues no reside en esta localidad".

"Se indica además que se efectúa de modo telemático, lo cual no permite relacionarlo con este Juzgado", dijo el juez para acabar inhibiéndose y enviando la denuncia al decanato de Madrid, que aún no ha resuelto. Hazte Oír, que aportó al juzgado el audio en el que supuestamente Leire Díez y el empresario Pérez Dolset recababan información sobre jueces de Badajoz a Luis José Sáenz de Tejada, denunció los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, estafa y revelación de secretos.  

Son los mismos delitos por los que han denunciado a Leire Díez Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Y además el PP la ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción. Aún no se ha abierto ningún procedimiento judicial.

El 'caso Leire Díez'

La difusión a finales de mayo pasado de la grabación de una reunión entre Leire Díez, que era entonces militante del PSOE que había ocupado algún cargo público, un abogado y un empresario procesado por delitos fiscales donde se cargó contra el teniente de la Guardia Civil Antonio Balas desató una tormenta mediática contra el Gobierno como presunto instigador contra la UCO por los casos que investiga vinculados al Ejecutivo y a Pedro Sánchez.

La jueza Marta Hernández deja fuera del procedimiento, aun en fase muy embrionaria, a Javier Pérez Dolset, fundador de la empresa tecnológica Zed Worldwide, que lleva años intentando que se haga justicia ante la pérdida de su grupo empresarial. Según él mismo mantiene, los jefes del Grupo Planeta y de Atresmedia, Mauricio Casals y José Creuheras, respectivamente, encargaron al comisario Villarejo espiarle y fabricar pruebas para lograr arrebatarle finalmente su empresa.