Un juzgado investiga si hubo estafa con una concesión pública de la Junta extremeña
La Junta de Extremadura autorizó el traspaso de la adjudicación pública para explotar los diez centros de servicio al transporte de la comunidad autónoma, que producen un beneficio anual de 6,5 millones.
La operación entre la empresa adjudicataria y la otra mercantil se hizo presuntamente a espaldas del dueño de la primera.
Un portavoz de la Junta destaca que la actuación judicial afecta a un funcionario, "en ningún caso va contra ningún cargo público" de la Consejería de Transportes.
Madrid--Actualizado a
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Mérida investiga una denuncia sobre una operación autorizada por la Consejería de Movilidad, Transportes y Vivienda de la Junta de Extremadura, que supuso la cesión del contrato público para la explotación de todos los centros de servicio al transporte de Extremadura hecha presuntamente a espaldas del dueño de la concesión.
La concesión de la Red de Centros de Servicio al Transporte de la comunidad autónoma fue adjudicada el 15 de marzo de 2019 a la mercantil Gestión de Tierras Extremeñas SL, constituida en 2012, por un plazo de ocho años, con posibilidad de prórroga por otros dos años adicionales. Esta adjudicación está vinculada a la gestión de un centro especial de empleo, es decir, que los empleados son personas con diversas discapacidades y la concesionaria recibe, a cambio de su contratación, subvenciones de unos 35.000 euros al mes.
La concesión consiste en la gestión y explotación de los centros de servicio al transporte de Extremadura, un total de diez complejos propiedad de la Junta de Extremadura para que los transportistas reposten, pesen la carga, se realicen los controles legales de descanso, etc. Es decir, la empresa concesionaria debe proveer de combustible y mantener las áreas de descanso y restauración, entre otros servicios, para los transportistas, empleando a personal del centro especial de empleo, que son en torno a 80.
El volumen de negocio anual de esta concesión deja unos beneficios de en torno a los 6,5 millones de euros, según ha podido saber Público de fuentes del sector.
El origen
Hace tres años, el empresario Francisco del Campo se hizo con el 100% del capital social de Gestión de Tierras Extremeñas SL, pasando a ser el socio único de la mercantil concesaria de los servicios ya descritos. Pero en marzo de 2025 todo se fue al traste por lo que el empresario califica de "estafa" perpetrada por el que había sido el administrador único de su empresa, Jorge Agudo, y con la presunta connivencia del jefe de Servicio de Transportes de la Dirección General de Transportes, de la Consejería de Movilidad, Transportes y Vivienda de la Junta, Victoriano González.
Según la denuncia, este empleado público de la Consejería habría tramitado el expediente del traspaso, que desembocó en la autorización de la Consejería para que la concesión pública a favor de la empresa Gestión de Tierras Extremeñas fuera a parar a la mercantil Copergy Ibérica, SL, radicada en Madrid. Tal como consta en el escrito, se trataría de una cesión hecha presuntamente a espaldas del dueño de la primera, Francisco del Campo, que interpuso la denuncia por la que ya se han incoado diligencias previas, según ha comprobado este medio.
Nombramiento
Ante la envergadura del negocio, Francisco del Campo decidió, en febrero de 2025, cesar como administrador único y nombrar uno nuevo, "una persona que entendiera bien el negocio", tal como apunta en declaraciones a Público. Del Campo se acordó de un joven empresario del sector de los hidrocarburos, que le pareció "modélico": Joaquín Sada, al que conoció en Madrid a través de otro empresario del sector.
Según su relato, Del Campo contactó con Sada, quien le recomendó a Jorge Agudo para ser el administrador único de la empresa Gestión de Tierras Extremeñas. Así, en una notaría de Sevilla, el 10 de febrero de 2025, Francisco del Campo renunció al cargo de administrador único y nombró a Jorge Agudo, como ha podido comprobar este medio. "Esa fue la única vez que le vi en persona", añade a este diario el empresario.
El 23 de marzo de 2025, "sin previo aviso", Agudo renunció al cargo de manera irrevocable, "por circunstancias sobrevenidas posteriormente a mi nombramiento y aceptación", según consta en el burofax por el que comunicó la renuncia.
Cuatro días después, el día 27 de marzo de 2025, se presentó en el registro electrónico de la Consejería de Transportes una solicitud para que se aprobara la sucesión de la concesión ante la cesión del contrato por parte del administrador de Gestión de Tierras Extremeñas SL, Jorge Agudo, a Joaquin Sada, en nombre y representación de la mercantil Copergy Ibérica SL.
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El argumento que esgrimieron en la solicitud fue "la imposibilidad de mantener en funcionamiento la Concesión de Servicio de la Red de Centros de Servicio al Transporte de Extremadura y con el fin de mantener la continuidad de la actividad comercial y los puestos de trabajo asociados a los Centros. Solicitamos el cambio de titularidad de la Concesión a favor de Copergy Ibérica SL, dada su experiencia en el sector vinculado al transporte y capacidades financieras".
Fuga de empleados
Por resolución del consejero de Transportes extremeño se concedió autorización el 21 de mayo de 2025 para la cesión a favor de la empresa de Sada, que tuvo que aportar como garantía 500.000 euros a favor de la Junta de Extremadura, tal y como es preceptivo.
Ricardo Corzo, abogado de Francisco del Campo, explica a este diario que los trabajadores de Gestión de Tierras Extremeñas se fueron voluntariamente de la empresa y "fueron absorbidos por Copergy", que en estos momentos disfruta de la explotación de la concesión, un movimiento que el letrado califica de "estafa de manual". Corzo indica que el Ministerio Fiscal se ha adherido a su denuncia y que espera que en breve la jueza llame a declarar a los implicados.
El letrado explica que en primer lugar interpuso un recurso contra la resolución de la Consejería de autorizar la cesión y que los servicios jurídicos de la Junta resolvieron dando por buena la labor de Victoriano González en la tramitación del expediente. En la denuncia solo consta este funcionario como denunciado (y no el consejero), además de Jorge Agudo y Joaquín Sada, los otros dos empresarios que participaron en la supuesta operación ilegal a espaldas de Del Campo.
La respuesta de la Junta
Por su parte, desde la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda se indica a Público que de momento no ha recibido ninguna notificación por parte del juzgado y admite que en "el ámbito estrictamente administrativo", la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda tramitó un recurso de reposición contra la resolución por la que se autorizó la cesión del contrato de explotación de la red de centros de transportes.
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"Dicho recurso fue objeto de revisión jurídica completa del expediente, siendo finalmente desestimado, al considerarse válida la solicitud de cesión presentada y comprobarse que se cumplían los requisitos legales exigidos por la normativa vigente", dice un portavoz de la Consejería a este diario. Además, destaca que su actuación "se ha desarrollado en todo momento de acuerdo con los informes y avales jurídicos de sus servicios, garantizando el respeto a la legalidad y al interés público en la tramitación y autorización de la citada cesión".
En todo caso, aclaran que dicho procedimiento judicial hace alusión a un funcionario (Victoriano González), "en ningún caso va contra ningún cargo público de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda".
Este medio se ha puesto en contacto con Jorge Agudo y Joaquín Sada, así como con sus respectivas empresas, a través de correos electrónicos, con el fin de recabar su versión de los hechos. En el caso del primero, ha sido imposible por no haber atendido las llamadas ni los correos de este diario. En cuanto al segundo, desde su equipo jurídico han rehusado ofrecer declaraciones al "desconocer" dicho procedimiento judicial.
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