Marchena ralentiza una querella contra el emérito mientras este se lanza a las demandas de honor

El 25 de noviembre de 2024 un grupo de juristas e intelectuales presentaban en el Tribunal Supremo una querella contra Juan Carlos I por cinco delitos fiscales, poniendo en entredicho la actuación de la Fiscalía al dar por buena la regularización fiscal que realizó el emérito y que le libró de una investigación penal, entre otros motivos.

Más de cuatro meses después, los doce querellantes —entre ellos, los magistrados eméritos del Supremo Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo—, no saben cuál será el destino de la querella. 

Hace un mes la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió la inadmisión y el archivo de la misma porque "tras una exhaustiva investigación" las diligencias que abrió en relación al rey emérito se archivaron el 2 de marzo de 2022.

El magistrado de la Sala Segunda —ante la cual está aforado Juan Carlos I— encargado de la ponencia sobre la admisión de esta querella es Manuel Marchena, que rechazó otra querella que pedía que se investigara al padre de Felipe VI por varios delitos de corrupción.

En medio de esta espera, el emérito abre la veda para intentar limpiar su nombre con la interposición de demandas de protección del derecho al honor. En su representación, la abogada Guadalupe Sánchez Baena, del bufete Novalex, ha anunciado la presentación de una demanda contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, al que pide una rectificación y 50.000 euros de indemnización.

Misma estrategia que el novio de Ayuso

En una nota de prensa, la abogada Sánchez Baena, que también representa al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso, se refiere a calumnias e injurias por parte de Revilla en distintas declaraciones públicas entre mayo de 2022 y enero de 2025, que habrían lesionado el derecho fundamental al honor de Juan Carlos de Borbón. Indica la letrada que la indemnización iría a parar a Cáritas.

En una estrategia muy similar a la desplegada por el novio de Ayuso de interponer demandas por intromisión ilegítima en el derecho al honor a políticos por llamarle "defraudador fiscal", algo que parece obvio a la luz de su confesión ante la Fiscalía y la abogacía del Estado, a través de su propio abogado, reconociendo dos delitos fiscales de cara a llegar a un pacto y evitar así la cárcel.

Así, González Amador demandó a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, por unas declaraciones en las que pidió explicaciones a la presidenta madrileña por estar viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y que "se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia". El novio de Ayuso pide 40.000 euros a Montero.

La pareja de Ayuso también presentó demanda contra Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, por unas declaraciones en las que le llamó "delincuente" en el contexto de la confesión como defraudador fiscal. 

Una demanda contra Revilla

Miguel Ángel Revilla, que en la actualidad es diputado del Parlamento de Cantabria, y, por tanto, aforado, ha dado una rueda de prensa este miércoles para valorar la demanda que se le viene encima. Es el primer político demandado por el rey emérito, en lo que parece un aviso del padre de Felipe VI de no consentir ningún apelativo negativo contra su persona. "Es injusto y mezquino que una persona inviolable demande a un ciudadano de a pie", ha protestado el expresidente de Cantabria.

La Fiscalía investigó al rey emérito por delitos graves como  blanqueo, fraude fiscal y cohecho. En concreto, por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del rey emérito en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.   

Aquellas tres líneas de investigación fueron archivadas por prescripción en unos casos, inviolabilidad en otros y dando por buena una regularización fiscal que los querellantes antes mencionados ahora denuncian por irregular. Con su archivo, la Fiscalía impidió que el Tribunal Supremo pudiera investigar al rey emérito. 

"Un regalo susceptible de ser cohecho"

Aquel decreto de archivo de la Fiscalía, firmado por el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no exoneraba al anterior monarca de los delitos investigados en todos los casos. Por ejemplo, respecto al ingreso de 65 millones de euros procedentes de la familia real saudí en una cuenta de la Fundación Lucum, de la que el emérito era titular, dijo la Fiscalía: "Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado, y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito".

Las dos regularizaciones fiscales realizadas por el rey emérito, en 2020 y 2021, ascienden a un total de 5.074.295 euros. El Ministerio Fiscal las dio por "espontáneas y, por tanto, válidas" pese a que alertó a Juan Carlos de Borbón de que le estaba investigando, lo que invalidaría dichas regularizaciones, como argumentan los querellantes.

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De admitirse a trámite la querella por delitos fiscales contra el emérito, sería la primera vez, pues, que la Justicia le investigara. Los querellantes consideran que el Supremo debe dar traslado "lo antes posible" de la querella a la representación procesal del rey emérito para que emita su parecer en calidad de querellado, como ocurre siempre.