La filtración con la que la derecha judicial quiere cuestionar el amparo del TC a Chaves y Griñán

Mucha tensión en el pleno del Tribunal Constitucional (TC) celebrado este martes, tras la filtración a la prensa de las intenciones del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de solicitar a los letrados del tribunal un informe relacionado con la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sopesa presentar la Audiencia de Sevilla sobre la sentencia del caso de los ERE en la que el TC anuló parcialmente una docena de condenas a exresponsables socialistas de la Junta de Andalucía.

El presidente del Constitucional había pedido el día anterior en la Sala Primera del TC "discreción" para poder reflexionar sobre el alcance de la cuestión prejudicial con "cierto sosiego", ya que el escenario que se abre es inédito, según indican fuentes del TC a este diario.

Pero la filtración ha provocado un escándalo mayúsculo con la intención de hacer parecer a Conde-Pumpido nervioso y vulnerable ante la posibilidad de que la Audiencia de Sevilla pregunte a los jueces del TJUE si el TC español se "extralimitó" en sus funciones al anular parcialmente las condenas a los dirigentes de la Junta de Andalucía condenados por el caso ERE.

La filtración esta mañana publicada en El Español y en Europa Press ha provocado que el asunto pasase al pleno, donde se han vivido momentos tensos. Algunos magistrados del bloque conservador —que votó en contra de amparar a los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE—, han defendido que la doctrina del TJUE permite incumplir las sentencias del TC si contravienen el Derecho de la Unión, dando por hecho que las sentencias en cuestión lo habrían hecho. 

Sentencias históricas

Hay que recordar que el pasado mes de julio el Constitucional exoneró al expresidente andaluz José Antonio Griñán del delito de malversación por el que había sido condenado y rebajó la pena a otro expresidente socialista de Andalucía Manuel Chaves por prevaricación en el caso de los ERE, sobre las ayudas públicas de la Junta a las empresas en crisis. El TC rechazó las tesis de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo sobre una trama corrupta para malversar dinero público en el Gobierno andaluz, entre 2000 y 2009, con el PSOE al frente.

El TC concluye que el mecanismo por el que se dispuso de estos fondos para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) eran legales porque obedecían a una ley emanada del Parlamento Andaluz; cuestión clave que había sido desdeñada en las sentencias judiciales que luego anuló en parte el Constitucional. 

La Audiencia de Sevilla, en plan rebelde

Las sentencias del TC no han gustado a los jueces de la Audiencia de Sevilla, que deben adecuar ahora las resoluciones, según el mandato del Constitucional. A tal efecto, en una providencia reciente plantean llevarlas al TJUE, en un duro ataque al propio TC: "Este tribunal no puede dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones que hace el Tribunal Constitucional en esas sentencias, que llevan a entender que esta […] Audiencia Provincial y [… el] Tribunal Supremo han vulnerado el derecho a la legalidad penal de los recurrentes en amparo, no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión".   

Fuentes del TC indican a Público que en los próximos días se pedirán uno o varios informes a los letrados de la corte de garantías sobre "la posibilidad de interferencia en el proceso de planteamiento de una cuestión prejudicial del juez nacional".

Es decir, sobre si el Tribunal Constitucional puede interferir en el diálogo entre el juez nacional y el TJUE que se produce siempre que se plantea una cuestión prejudicial. 

Es una cuestión inédita en la que dos sistemas paralelos podrían colisionar: el del Derecho de la UE, donde el TJUE tiene el monopolio de interpretación pero que dialoga con los jueces nacionales que son los que aplican dicho derecho; y por otra parte, el sistema constitucional de los estados miembros.

Qué pasa si los jueces no cumplen 

Fuentes jurídicas consultadas por este diario opinan que la cuestión prejudicial que planea presentar la Audiencia Provincial de Sevilla no tiene que ver con el Derecho de la UE y que lo que persigue sería dejar sin cumplir una sentencia del TC. 

La Audiencia de Sevilla ha dado un plazo de diez días a las partes—está personado en PP y Manos Limpias— para que se pronuncien sobre cuatro cuestiones de cara a poder presentar una cuestión prejudicial al TJUE, lo que, de momento, paralizaría la ejecución de las sentencias del TC.  

Esa posible paralización es algo que la Ley Orgánica del TC no contempla; de hecho, el Constitucional cuenta con mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones, como la suspensión temporal en sus funciones de las autoridades que incumplan y la ejecución sustitutoria de sus sentencias con la colaboración del Poder Ejecutivo.

Preguntas que cuestionan el Estado de derecho

Entre las cuestiones que plantean los jueces y juezas de la Sección Primera de la audiencia provincial está la siguiente: "Si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos".

Y esta: "La posibilidad de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuestos) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados, cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la atipicidad penal".

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Así ha actuado la Audiencia de Sevilla 

El amparo parcial del Constitucional a varios de los altos cargos condenados por los ERE ya ha surtido algunos efectos. En cuanto se produjo, el pasado verano, la Audiencia de Sevilla ordenó la excarcelación, entre otros, de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.

En este tiempo, desde el mes de julio, cuando se produjo la cadena de amparos constitucionales, la Audiencia de Sevilla ha compuesto la Sala que debía aplicar el criterio del Constitucional y rehacer el fallo de los ERE y, por tanto, reducir las condenas y afinar los delitos en el caso tanto para Manuel Chaves como, sobre todo, para José Antonio Griñán, a quien el Constitucional eliminó la pena de prisión que le había impuesto el Supremo.

El PP presentó un escrito a principios de febrero ante la Audiencia en el que reclamaba que se dejasen sin efecto los fallos del Constitucional por la vía de la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El amparo parcial del TC a Chaves, Griñán y otros ex altos cargos ha dado aire al PSOE en Andalucía, que ha empezado un camino de reivindicación de ambos expresidentes. Su condena propició en su día la caída de los socialistas en Andalucía.