La rebelión de la Audiencia de Sevilla ante el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE fraudulentos, de consumarse definitivamente, abriría un escenario de plazos "imprevisibles", según las fuentes jurídicas consultadas, que alargaría sine die el cierre de un asunto que ha marcado a fuego la vida política en Andalucía desde el año 2011.

La Audiencia afirmó en una providencia hecha pública este miércoles que sopesaba plantear "una cuestión prejudicial" ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El PP, que ejerce la acusación popular ya presentó en fechas recientes una reclamación muy similar, en esta misma línea.

14 años después de que se iniciara la investigación judicial, a partir de la declaración ante la policía del exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, hoy fallecido, quien afirmó disponer de "un fondo de reptiles" —luego se desdijo— para resolver crisis empresariales y despidos, la Audiencia de Sevilla, que condenó en primera instancia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el caso podría salir de las fronteras españolas. 

Si la Audiencia consuma esa idea, se abriría un abanico de escenarios, que podrían desembocar, sin más, en una situación similar a la de hoy, que la Audiencia deba redactar una nueva sentencia siguiendo las instrucciones del Constitucional, que rebajó las condenas de Chaves y Griñán, tras un fuerte varapalo al Tribunal Supremo.

Pero también podría darse la contraria, que la Justicia europea, —aunque las fuentes consultadas lo ven remoto— dé una nueva vuelta de tuerca a un caso que ya ha tenido multitud —una accidentada instrucción, impulsada por la magistrada Mercedes Alaya, tres sentencias…— y tome una decisión en la dirección de enmendar de nuevo el asunto.

Ventana de espera 

En cualquier caso, presentar la cuestión prejudicial abriría una ventana de espera antes de que todo quedara resuelto. Los partidos ya reaccionaron este miércoles ante el nuevo paisaje. El PP de Juan Manuel Moreno Bonilla se lanzó a tratar de exprimir el caso aún más, mientras el PSOE aseguraba que en este momento las condenas están parcialmente anuladas.

Este estado de situación, en este momento, da argumentos a los socialistas para defender que el caso no fue tan fiero como lo ha venido pintando el PP y al partido de Moreno Bonilla para cargar contra el Constitucional. Más allá de los dimes y diretes y de las condenas, durante una década en la Consejería de Empleo se repartieron millones de euros de forma opaca.

El grueso de ellos, según ha quedado acreditado judicialmente, fue a parar a financiar prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis, pero por el camino, millones de euros se desviaron a otros fines, entre ellos comisiones a las empresas aseguradoras y a intrusos en los expedientes, incluidos familiares de altos cargos.

Abanico de escenarios

Este es, en detalle, el abanico de escenarios que se abren ahora, según las fuentes jurídicas consultadas: que la Audiencia opte, tras escuchar a las partes por no presentar finalmente ninguna cuestión prejudicial al tribunal europeo y atienda a las sentencias del Constitucional.

Si decide elevar la cuestión al tribunal de la UE, lo que a tenor de la providencia hecha pública este miércoles, parece más probable, podría pasar que el TJUE no admita la cuestión y por tanto la Audiencia deba aplicar los fallos del Constitucional. También podría suceder que decidiera entrar y estudiar el asunto. Entonces, habría que esperar a su dictamen.

Ahora mismo, el planteamiento y los argumentos de la Audiencia de Sevilla para resistirse a aplicar los fallos del Tribunal Constitucional, que suponen un varapalo a su primera sentencia, le suenan endebles al constitucionalista y exletrado del TC, Joaquín Urías.

"Lo más llamativo es que no invocan [apenas el] derecho de la Unión. Es un desafío claro. Jurídicamente es burdo. La única explicación es que se busque el efecto mediático de atacar al TC o que quieran dilatar los plazos e inaplicar la sentencia", agrega.

Urías se refiere con las preguntas a los asuntos que los magistrados de la Audiencia Provincial someten a la interpretación de los implicados, que son cuatro. 

Por un lado, "si el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales". Por otro, "si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuestos se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria". 

Además, la Audiencia plantea a las partes que opinen sobre la "posibilidad" de que el Constitucional "incumpla" en este caso "las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política"

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Y, por último, la "posibilidad de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados, cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la atipicidad penal".

"Jurídicamente —abunda Urías— no hay por donde cogerlo, es un disparate sin base alguna. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de ley pero no son normas, pero [esto] le puede servir a la Audiencia Provincial para dilatar el procedimiento".