'Operación Troya' o como se construye un falso relato policial sobre la injerencia rusa en Catalunya

La querella por acusación y denuncia falsa que el productor audiovisual Jaume Roures ha presentado este martes contra dos inspectores de la Policía Nacional sirve para poner luz sobre cómo se han construido determinados relatos para criminalizar al procés independentista. En este caso concreto, la querella –que se ha interpuesto con el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia– responde a la imputación del también editor de Público en la supuesta injerencia rusa en Catalunya.

Una decisión tomada por el juez Joaquín Aguirre –instructor del llamado caso Volhov– a raíz de un informe policial que lo consideraba sospechoso de haber cometido un delito de alta traición y de pertenecer a una organización criminal, que pueden llegar a comportar penas de hasta 20 años de prisión. La investigación de la trama rusa fue archivada el pasado diciembre por la Audiencia de Barcelona. Pese a ello, ha decidido tomar medidas igualmente porque "no se puede permitir que esta gente tenga la sensación de impunidad sin que nadie les llame la atención".

La querella señala como responsables a dos inspectores en jefe de la Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía Nacional que elaboraron el informe inicial de la bautizada como Operación Troya, una de las piezas separadas sobre la presunta –y nunca probada– injerencia rusa en Catalunya.

El documento está basado en la investigación a diferentes personas con "volcado de conversaciones y comunicaciones durante siete años", pero en sus 196 páginas apenas aparece una referencia a Roures, extraída de una "supuesta conversación de audio" entre el exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas y el exconseller del Govern y ahora empresario Xavier Vendrell. La querella subraya que el informe la transcribe "de forma evidentemente parcial", de la siguiente manera: "Tú [Vendrell] y [David Madí] intentabais hacer muchas cosas [...] pero muy grandes, en temas de comunicación con el Roures. [...] y esta gente está muy interesada en poder participar [...] y poner ahí una persona también. [...] Cuando te hablo de primer nivel, te estoy hablando que hay que poner 100, 200 o 300 millones de dólares o de euros, están dispuestos, no es un problema".

Basándose únicamente en esta conversación, los investigadores concluyen que "se puede establecer, por lo tanto, que se habría creado un equipo conjunto de comunicación", donde consideran que se integraría Roures, para añadir que "llama poderosamente la atención el interés que sigue despertando en los rusos el proyecto de comunicación conjunta ya que, según la parte rusa, está dispuesta a integrar gente suya y aportar centenares de millones de euros o dólares".

Acusaciones sin pruebas

En las conclusiones generales que aparecen al informe, dirigidas al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona –que hasta su jubilación tenía como responsable a Joaquín Aguirre–, se asegura que "a lo largo de la investigación se han identificado a una serie de personas que tuvieron conocimiento y que fueron partícipes de las relaciones que se estaban fraguando para recabar el apoyo económico y reconocimiento político de la Federación de Rusia al proceso de independencia de Catalunya", entre las cuales cita "el también empresario y productor cinematográfico Jaume Roures".

Para añadir que "los miembros de la organización tuvieron pleno conocimiento de la ilicitud de sus actuaciones y el perjuicio que acarreaba para la integrado territorial y los intereses de España [...]. Ello no fue impedimento para que continuaran su propósito secesionista involucrándose en un proyecto común con una potencia extranjera que se ha demostrado que sus fines son socavar el correcto funcionamiento de los procesos democráticos en Occidente, mediante el empleo de operaciones de influencia e injerencia extranjera [...]". Y lo remata diciendo que "se aprecia la existencia de un grupo organizado que operaba para establecer relaciones con una potencia extranjera (Rusia), fuera del marco legal vigente, con el objetivo último de conseguir la segregación de una parte del territorio nacional".

Paralelamente, en un anexo del informe hay una "ficha de investigado" de Roures, donde según expone la querella se evidencia que para los cargos policiales "es especialmente relevante que sea defensor públicamente del derecho de autodeterminación de Catalunya", así como su "ideología política", puesto que se menciona su militancia antifranquista. Además de su actividad profesional como productor de documentales de investigaciones periodísticas sobre temas como la corrupción policial o la movilización social en Catalunya.

En contraposición, en el texto presentado por Irídia se subraya que "en un Estado de Derecho, la ideología o participación política y la producción del ejercicio periodístico en ningún caso se pueden enmarcar por sí mismos en ilícitos penales. Todo lo contrario, son manifestaciones directas del ejercicio derechos fundamentales como son la libertad de expresión, el derecho de asociación y participación política y el derecho a la información".

Las finalidades políticas de Aguirre

En la querella se pone de manifiesto que el "mismo informe" policial atribuye a Roures unos hechos que "pueden ser constitutivos de delitos graves con absoluto conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad por cuánto esta atribución de hechos solo corresponde a una creación de conclusiones fácticas ficticias y no sostenidas en ninguno de los elementos reales obtenidos de la investigación policial".

En este sentido, se recalca que los dos inspectores policiales saben que "de una investigación de información obtenida respecto a un periodo de siete años, el señor Roures no aparece referenciado ni participa en ninguna de las supuestas otras comunicaciones, ni en ninguna reunión, ni hay ninguna más referencia ni sale en ningún otro documento". Dicho de una manera, con una sola frase de una conversación entre terceros tienen suficiente para atribuirle "delitos gravísimos".

El relato policial fue alimentado posteriormente con la publicación de varios artículos en medios de comunicación que, sin contrastar la información, ponían el foco en esta falsa implicación de Roures en una inexistente injerencia rusa en Catalunya. Por todo ello, el afectado considera que los hechos son un "afectación directa" a su honor, porque le atribuyeron "hechos especialmente graves tanto a nivel legal, como a nivel social".

Cómo ha afirmado este martes la abogada y directora de Irídia, Anaïs Franqueza, "somos conscientes de que no solo hay un problema en términos policiales, sino que también hay medios que amplifican las falsedades y miembros del poder judicial polémicos. Aguirre perseguía claramente objetivos políticos". Por eso se explica que Irídia denuncie la "falta de neutralidad e imparcialidad" de los cuerpos policiales y defienda "la necesidad de crear "mecanismos independientes" que fiscalicen estas actuaciones. Sería un paso adelante para acabar con las cloacas policiales.